Un nuevo dato del expediente en el que se investiga la muerte de ocho obreros de la construcción al derrumbarse parte de la estructura ilegal en la que trabajaban, echa por tierra las denuncias de politización de la causa, algo que fue denunciado desde un sector político cercano al intendente Carlos “Camau” Espínola, uno de los procesados, quien curiosamente se ha mantenido al margen de las declaraciones y denuncias mediáticas.

Distintas fuentes de la querella en representación de los familiares de los ocho obreros muertos en el derrumbe de San Martín 652 en marzo del 2012, confirmaron ayer a La República que no sólo ellos habían solicitado la resolución de la situación procesal de todos los imputados sino que también lo hicieron con insistencia los mismos abogados defensores, especialmente los del intendente de la capital Carlos Camau Espínola, el del ahora secretario de economía municipal Martín Barrionuevo y el del director de Control Urbano, Daniel Bedrán, al igual que los letrados de los empresarios involucrados en el hecho.

La última presentación pidiendo una resolución de la situación procesal del intendente y sus funcionarios data de los últimos días del mes de marzo de este año, un dato que no es menor ya que desde el sector del Frente para la Victoria, específicamente el diputado Carlos Rubín, se denunció que el fallo se dio en un marco de decisiones políticas previas a las elecciones provinciales, cuando lo cierto es que los mismos abogados del intendente y sus funcionarios estaban urgiendo una definición.

En buen criollo, los mismos abogados defensores pidieron a la juez que entiende en el expediente que resuelva si dictaba la falta de mérito o el procesamiento de los procesados, algo que ya venían haciendo desde hacía algunos meses los querellantes, especialmente después de que declarara Nelson Valenzuela, uno de los tres obreros heridos que logró sobrevivir.

Ayer venció el plazo para la presentación de las apelaciones a la resolución 805 de la juez Graciela Ferreyra. Pasara un tiempo ahora hasta que termine el circuito de notificaciones y el expediente llegue a la Cámara de Apelaciones, ante la que los defensores piden se revoque las decisiones de primera instancia, y los querellantes reclaman un cambio de carátula, de estrago doloso a estrago culposo.

La teoría de un fallo político, sostenida por legisladores del Frente para la Victoria pero no por el entorno del intendente Carlos Camau Espínola, comienza a demoronarse con los datos que van trascendiendo, dejando mal parados a sus abanderados, los que pese a sus dichos han reconocido en círculos íntimos no haber leído el procesamiento de los tres funcionarios.

Otro dato surgido ayer, si bien no forma parte del expediente judicial, admite de manera implícita los incumplimientos del intendente Espínola en materia de control de obras particulares por parte de los mismos concejales del Frente para la Victoria.

El 12 de abril del 2012, 21 días después de la tragedia, el concejal del FAP Gabriel Romero impulsó un pedido de informes al departamentos ejecutivo municipal, el intendente Espínola, para que este dé cuenta de porque “se propicio que la oficina de control urbano pase de ser una subsecretaría -conforme estructura orgánica anterior- a un rango de menor jerarquía (dirección general) conforme estructura orgánica vigente”.

También en ese pedido de informes aprobado por unanimidad, se urgía al departamento ejecutivo a que remita al Concejo el manual de misiones y funciones de todas las dependencias y oficinas municipales. Los concejales del FPLV, con su voto favorable a ese proyecto de informe no hicieron más que admitir la existencia de una grave falta que, a esa altura, hacía ya más de dos años venía cometiendo el intendente Espínola, y que, tal vez, de haberse subsanado a tiempo podría haber salvado 8 vidas.