El fallecimiento de un hombre de 47 años que vivía en la Villa 31 de Retiro fue el disparador de una protesta en la Autopista Illía contra el accionar del SAME, que se negó a ingresar al barrio para brindar asistencia. La medida de fuerza se levantó cerca de las 17 y, según los delegados, se acordó un principio de acuerdo con el Ministerio de Salud porteño para que se garantice el ingreso de las ambulancias al predio.

A raíz de este hecho, la Defensoría del Pueblo acusó al organismo de asistencia de “discriminar”. “Lo sucedido, lejos de constituir un hecho aislado, importa una práctica sistemática de la Dirección General SAME que se niega a cumplimentar las tareas encomendadas por la normativa vigente en barrios considerados “peligrosos” amparándose, para ello, en la falta de seguridad de los médicos y trabajadores de la salud que cumplen servicios en esa dependencia”, señaló la entidad cuya titular es Alicia Pierini.

Y agregó: “La seguridad de los trabajadores y médicos constituye una preocupación legítima que esta Defensoría del Pueblo comparte plenamente pero, como lo hemos sostenido y recomendado de modo reiterado, el Estado no puede, bajo ningún aspecto, tolerar la existencia de prácticas discriminatorias, expresamente prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico, que importen la negación de derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la atención en la emergencia de las personas más vulnerables de nuestras sociedad”.