El viernes pasado se conoció un proyecto de reforma por decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por la Dirección Nacional de Salud Mental, que se encuentra en este momento esperando la firma del Presidente de la Nación. El proyecto atenta contra el espíritu que la ley, valorada como modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos y por inscribir el cuidado de la salud mental en el marco de los Derechos Humanos, la salud colectiva y la reivindicación de las voces de los usuarios. El cambio por decreto, afirman desde las organizaciones de profesionales y usuarios, fue pergeñado a espaldas de la opinión de los equipos de salud, las organizaciones y todas las personas afectadas.

En respuesta al proyecto de decreto reglamentario, el CELS publicó un comunicado en que el se alerta sobre los retrocesos que éste significa. Una de la principales críticas es que el proyecto modifica “la concepción de la salud mental” que la ley sancionada en 2010 considera como un “proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos”, y en su lugar “reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales”. Esta mirada da lugar exclusivamente a las “prácticas fundadas en evidencia científica” y atenta abiertamente contra la interdisciplina, que es uno de los ejes fundamentales de la Ley de Salud Mental, es decir, contra los aportes de disciplinas “como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social”.

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Otro de los puntos más preocupantes del proyecto del proyecto de decreto es que contribuye a la reinstalación de los manicomios bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y permite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a denominar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. Asimismo, en palabras del CELS, se “habilitan tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas”: se vuelve a hablar de “internación o tratamiento que motive el aislamiento de las personas con trastornos mentales y/o del comportamiento, ya sea restringiendo visitas, llamados, correspondencia o cualquier otro contacto con el exterior”.

Tanto el CELS como el Colegio de Psicólogos de GCABA (del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) señalan que con esta tentativa de reforma se apunta a recuperar el paradigma tutelar sobre las personas con discapacidad y padecimiento mental, al “reconocer que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía”. 

“La reglamentación que se aprobó tres años después de la sanción de salud mental fue un proceso arduo, muy participativo, por el cual, tanto las organizaciones que trabajan en distintos aspectos que hacen a la salud mental como los familiares y usuarios pusieron su voz”, asegura a PáginaI12 Graciela Touze, de Intercambios Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas.

Touze contrapone aquel proceso democrático contra este intento de reforma que se da “de la noche a la mañana” y que “fue hecho absolutamente a espaldas de todas las organizaciones y todas las personas afectadas, involucradas. Se deja totalmente por fuera la opinión de profesionales, equipos de salud de salud mental”. En este sentido el Colegio de Psicólogos de GCABA también señala que los sectores de poder ligados a la tradicional hegemonía médica –los mismos que obstaculizaron y obstaculizan la reglamentación de la ley de Salud Mental– son los impulsores en las sombras, también, de este proyecto, cuyo “contenido retrocede de un modo escandaloso en los derechos conquistados y representa una burla a la ciudadanía en la medida que se pretenden modificar a través de un decreto reglamentario presidencial los aspectos básicos de la Ley, convirtiéndola prácticamente en su reverso conceptual”.

Debido a los graves retrocesos que implica, más de cuarenta organizaciones de científicos, asociaciones de profesionales de la salud, de usuarios, cátedras de la Facultad de Psicología, centros de estudios, y otros, solicitaron al presidente Mauricio Macri “que no firme el decreto que será tachado de inconstitucional, y al Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, que cumpla con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y asegure la participación de las organizaciones de usuarios/as de servicios de salud mental y de personas con discapacidad en forma previa a la aprobación de los actos administrativos que las afecten”.