El actual integrante del TIP Balaguer inició su testimonio a las 15 horas. Fue escuchado hasta pasadas las 17 horas. Después, a las 17.30 horas comenzó su relato Alvaro Reyes, que permaneció hasta poco después de las 18.30 horas.

El jury quedó integrado por el presidente del STJ, Tomás Mustapich, la diputada María Silvia Larreta (PJ), el diputado Martín Berhongaray (FrePam-UCR), la abogada Soledad Nieves y Guillermo Alasia.

Uno de los integrantes del jury -en diálogo con El Diario explicó que “escuchamos a los dos. Balaguer era fiscal y Reyes el juez de la causa. Dieron su versión. Uno de los datos llamativos del caso es que el juez se enteró del hecho después que la División Criminalística de Santa Rosa. Primero fue a la morgue y después se enteró del hecho a través del forense y no de la Policía”.

La Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social (COFAVI) formalizó el pedido de juicio político a cuatro funcionarios judiciales por su intervención en el Caso Canale. El reclamo alcanza al actual integrante del Tribunal de Impugnación Penal, Pablo Tomás Balaguer; a los jueces de instrucción de General Acha, Álvaro Reyes y Manuel Álvarez; y al fiscal Hugo Vercellino.

Los funcionarios intervinieron en distintas etapas de la investigación por el asesinato de Juan Carlos Canale en la Comisaría de General Acha.

Los representantes de la filial La Pampa de la COFAVI elevaron el pedido ante el presidente del jurado de enjuiciamiento: es una larga argumentación (más de 80 páginas) de las razones por las cuales los funcionarios judiciales no cumplieron con sus funciones.

El crimen de Canale, ocurrido en el año 2002, está impune. La Justicia pampeana condenó a cuatro personas: Andrés Tressen, Miguel Ángel Rodríguez, Gustavo Alarcón y Pedro Andrés Roveda.

Pero tras cuatro años y nueve meses en prisión, la Corte Suprema ordenó revisar el fallo y se los declaró inocentes. Durante el proceso, el papel de la Policía quedó bajo la lupa, pero la Justicia en general miró para otro lado. El juez Álvarez fue uno de los que absolvió a seis efectivos involucrados, a los que luego el TIP consideró como responsables por su negligencia.