Anoche, al cierre de esta edición, se desarrollaba en la plaza central de Santa Ana de los Guácaras la sesión especial convocada por el Concejo Deliberante para tratar el juicio político que se entabló contra la intendente Ana María Escalante por supuesta utilización irregular y falta de rendición ante el Cuerpo de 104 mil pesos enviados por la Nación en concepto del Fondo Social y Solidario.

Con un marco de público local y además el acompañamiento de referentes de la Central de Trabajadores Argentinos y de Tupac Amaru, sesionó el Concejo con la presencia de la edil Laura Cabrera y Fernando Gómez. No asistió el edil Augusto Navarrete y tampoco la Jefa comunal a quien se la esperaba para que realice su descargo.

En el encuentro y con un proyector y pantalla gigante de apoyo, se leyeron las actas de sesiones anteriores, donde se evaluaron las irregularidades en el manejo de los fondos de la Comuna y las acusaciones que pesan sobre la funcionaria por la utilización del Fondo Sojero.

Se volvió a reiterar que la intendente elevó una nota informando a la Unidad Ejecutora del Fondo Federal Solidario (Fofeso-Fondo Sojero) que el dinero enviado se utilizó en la concreción de 17 viviendas. "Se mostraron las imágenes de las casas que nunca se hicieron, fotografías tomadas por la comisión investigadora en los relevamientos realizados", dijo Gómez, a la vez que aseguró que en el plenario se hicieron presentes los supuestos beneficiarios que figuraban en los informes de Escalante para denunciar que no recibieron la ayuda correspondiente.

El titular del Cuerpo ratificó que tanto la Jefa comunal como el edil ausente fueron debidamente notificados y que también se mostraron en la sesión las actas correspondientes. "Incluso se hizo un cuarto intermedio para esperarlos pero no llegaron por lo que debimos avanzar", dijo.

"Ahora se la declaró en rebeldía y le asignamos un abogado defensor. Se le correrá notificación y se continuará con el proceso", señaló a EL LIBERTADOR y comentó que la intendente en momento del desarrollo de la sesión se encontraba nuevamente encerrada en su despacho, tal como lo hizo durante diez días tras una suspensión dictaminada por el cuerpo que quedó antes de fin de 2010 sin efecto por resolución judicial.

Según comentó Escalante, ella espera que la Justicia resuelva la cuestión de fondo sobre la viabilidad del procedimiento instrumentado por los ediles opositores, que según entiende es irregular.

Cabe recordar que el proceso del juicio político inició el pasado 15 de diciembre.