Hoy es declara el ex gobernador Martín Buzzi

Hoy es declara el ex gobernador Martín Buzzi

En la tercera audiencia por el juicio contra ex funcionarios del Comité de Administración de la empresa pesquera, una pericia determinó que repara las embarcaciones costaría cinco millones y medio de dólares.

Según una pericia encargada por el Ministerio Público Fiscal, el costo de la reparación de los daños de los barcos de Alpesca siniestrados por el temporal del 7 de abril del año 2014, asciende cinco millones y medio de dólares y para el perito especializado que evaluó ese costo a algunos de los barcos que aún permanecen varados en la costa de Puerto Madryn, no conviene económicamente repararlos, sino comprar nuevas embarcaciones. 

Así surge del testimonio de Luis María Erraqueborde, uno de los testigos en el juicio oral y público contra cuatro funcionarios provinciales que siendo responsables de la administración de esa pesquera están ahora acusados del delito de “administración fraudulenta” por no haber tomado medidas que previeran las consecuencias de esa tormenta que además dañó el muelle Almirante Storni y dejó cuatro barcos varados en la costa importantes daños.

Errecaborde es egresado de la Escuela de Marina Mercante, fue representante de la empresa Alpesca en la construcción de barcos durante la fundación de la empresa, marino mercante de vasta experiencia en la construcción de barcos y aspectos vinculados con la navegación en función de la explotación pesquera. Además llegó a ser gerente técnico y de flota de Alpesca. Actualmente es titular de una consultora para asesorar empresas del rubro. Conoció a los barcos siniestrados desde la incorporación misma de cada uno de ellos a esa empresa pesquera.

El primer informe

Horas posteriores a la tormenta fue consultado sobre lo que se podía hacer para evitar consecuencias posteriores. Con otros gerentes de la empresa, el armador de los barcos y tras varias reuniones con Omar Albornoz, en ese momento integrante del Comité de Administración recientemente creado por decreto del ex gobernador del Chubut Martin Buzzi, recorrieron el muelle y analizaron la situación de los barcos que habían quedado sobre la Playa, varados, uno de ellos sobre una restinga de piedras. Una semana después entregó su informe.

El informe concluía que los barcos debían estar sobre el agua “porque así fueron diseñados. Por eso era necesario de manera urgente ponerlos nuevamente en el agua”. El otro aspecto era el de evitar derrames ambientales en la Playa. “Los dos barcos más grandes estaban además inclinados y existía riesgo de volcarse. No se hizo nada y el barco Cabo San Sebastián que estaba perfectamente operable, finalmente se volcó. Se inundó la sala de máquinas produciendo daños importantísimo en el motor”, indicó. 

Saqueos

“Los barcos encallados y apoyados en la arena, sufren daños”, dijo el testigo en alusión a los movimientos que genera la subida y bajada de marea. “Los barcos fueron diseñados para estar en el agua”, destacó. 

A esta situación debieron sumarse los daños por el temporal al colisionar los barcos entre sí y también contra el muelle debido al corte de las amarras por estar en mal estado, se le sumó luego el saqueo que sufrieron los que estaban sostenidos con cables y anclas en la costa.

“Todos fueron saqueados”, dijo Erraqueborde. “Al Cabo Buena Espernaza, por ejemplo le robaron todos los cables de la sala de máquinas solamente por el cobre. Luego finalmente se volcó como nosotros lo preveíamos y se inundó la sala de máquinas, que en sí misma es más costosa que el resto de los elementos del barco. Hoy lamentablemente los barcos son meros objetos en el agua. Hay que desarmar todo para ver que sirve y que no sirve. El costo de reparación es mayor al costo de reposición de cada barco en el mercado internacional”, concluyó.

Según el informe pericial encargado para la investigación por el fiscal general Daniel Báez, la reparación de los barcos tiene un costo de cinco millones y medio de dólares, es decir casi 83 millones de pesos argentinos, según la cotización actual del dólar.

“Dolor”

“Me causó dolor lo que había ocurrido por la gran cantidad de años que trabajé en Alpesca. En aquellos días lo hice por colaborar. En los días posteriores a la tormenta me reuní varias veces con Albornoz, luego lo vi poco porque decía que no podía venir a Madryn. Me habló de una contratación futura, pero nunca más me llamó”, dijo.

Finalmente consideró al puerto de Madryn como “alto riesgo. No es el primer caso que ocurre cuando hay una tormenta. Por eso Prefectura exige una guarda de un capitán, un maquinista y cuatro marineros por barco cuando están amarrados al muelle. Esa tripulación es importante para salir inmediatamente a fondear en la rada ante la llegada de una tormenta. Pero también tienen que tener combustible como condición clave. En el muelle hay que preservar vidas y bienes, por eso se debe salir a rada”, destacó.

Otros testigos

También declararon los ingenieros hidráulicos Roberto Castellanos y Nicolás Tomasini, del Instituto Nacional del Agua. Realizaron un informe sobre las características de la tormenta que afecto los barcos de Alpesca orientada a determinar la periodicidad de meteoros de esa gravedad. Concluyeron en su informe, que ese tipo de tormenta se puede producir en cualquier momento, pero que suelen tener una periodicidad mínima de 42 años Dijeron que ese día en muy pocas horas el Golfo Nuevo pasó a tener olas de cinco centímetros a una constantes de dos metros y diez centímetro, con picos máximos estimados en los tres metros.

Finalmente se escuchó la declaración de Marcos Nicosia, por entonces jefe de la Administración portuaria. Para este viernes está previsto que se siga con los siete testigos restantes, entre ellos el ex gobernador Martín Buzzi que en esa condición se espera declare a las 9 de la mañana.

Los imputados son la ex Ministro de Desarrollo Territorial y actual diputada provincial Gabriela Dufour, los ex funcionarios Omar Albornoz, Valentín Laborda y Santiago Novoa. Todos son asesorados por el defensor Fabián Gabalachis.

Las audiencias son presididas por la jueza Estela Eizmendi y la acusación está a cargo de fiscal general Daniel Báez y el funcionario de fiscalía Alex Williams.

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