Durante la declaración de este lunes a la mañana, Rodríguez se dedicó a explicar cómo funcionaba la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado: justamente, el exfuncionario presidió la Cotarc entre los años 1996 y 2003. Dijo que uno de los acusados, Romero Oneto, no formaba parte de ese organismo pero lo "asesoraba" y realizaba "dictámenes".-

Romero Oneto y el ingeniero Oppezzo están acusados por el delito de cohecho pasivo y activo, en forma continuada, durante la construcción del primer tramo del Acueducto del Río Colorado.

El primero formaba parte de la COTARC, que debía controlar al jefe de inspectores, el ingeniero Oppezzo. Este último le entregó durante cinco años, entre 1998 y 2003, al menos 59 cheques por un total de 86.362,50 pesos. A cambio de ese “sobresueldo”, según la acusación, se favoreció con el contrato original de la inspección por 4,1 millones de pesos y las sucesivas ampliaciones de ese contrato.

En la audiencia del juicio prevista para el lunes, el único testigo citado es el exsecretario de Obras y Servicios Públicos Raúl “Tuti” Rodríguez, que actuaba como presidente de la COTARC. Se espera que los imputados declaren en indagatoria, porque en el principio del debate se reservaron ese derecho para el final del debate. Los alegatos no se realizarán durante esa semana, quedarán para la siguiente.

Los integrantes de la Cámara del Crimen Nº 1 rechazaron el viernes el pedido de nulidad de la causa que formularon los acusados, Carlos Oppezzo y Enrique Romero Oneto, bajo el argumento de que una de las pruebas había sido robada. Los jueces le hicieron un duro reproche a Oppezzo, que denunció el robo de un talonario de su chequera ocho años después.

Los camaristas dijeron que el intento de Oppezzo de “instalar un hecho delictivo” resultó “inverosímil”. Interpretaron que no pudo “justificar su inacción con un grado de razonabilidad mínima”. “No pudo explicar por qué no lo denunció antes. Y reconoció que lo hizo ahora solo por consejo de su abogado”, leyó la resolución del tribunal la jueza Alejandra Ongaro.

Además, los jueces rechazaron la nulidad porque no utilizó como base los documentos a los que aludió la defensa, sino que el exfiscal Eduardo Bazo Queirolo -el funcionario judicial que inició la causa- actuó de oficio a partir del material del juicio político que se le había iniciado a Romero Oneto en la Legislatura. Además, los magistrados recordaron que el 10 de julio del año pasado el juez Daniel Sáez Zamora había rechazado un planteo similar del abogado Mariano Alomar -defensor de Oppezzo-, sin que este apelara esa decisión en esa ocasión.

La causa

Romero Oneto y el ingeniero Oppezzo habían sido procesados por el juez Daniel Sáez Zamora por el delito de “coima” en noviembre de 2011 y en marzo del año siguiente esa resolución fue confirmada por el Tribunal de Impugnación Penal, en un fallo de la jueza Verónica Fantini.

El artículo 256 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

La causa se inició en 2006, a partir de una denuncia de los gremialistas Lara y Caso. El entonces juez Carlos Jorge había establecido la falta de mérito porque consideró que hubo una contraprestación por asesoramiento profesional. La misma resolución fue ratificada en 2007 por la Cámara en lo Criminal de General Pico.

Sin embargo, nunca se dictó el sobreseimiento y años más tarde la causa se reflotó y Sáez Zamora dictó finalmente los procesamientos. Romero Oneto renunció a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas cuando un juicio político estaba a punto de destituirlo el 25 de septiembre de 2007.

El Acueducto del Río Colorado comenzó a construirse durante el Gobierno de Rubén Marín, en 1998. Luego de graves irregularidades, el Gobierno se vio obligado a rescindir el contrato a la empresa de Américo Gualtieri. En 2001 se hizo cargo la UTE Techint Skanska, que lo finalizó en 2005.

La sombra de la corrupción sobrevoló siempre la obra del Acueducto. Se abrió otra causa en la que se investigó el pago de presuntas coimas a funcionarios provinciales por parte de Skanska, a partir de una escucha judicial en una investigación por la adjudicación de una obra de gas nacional.