Decisiones judiciales teñidas por la política

Adrián Ventura

La Corte Suprema ordena el desalojo de un edificio del Bajo Flores, pero la policía luego de una semana aún no cumple el fallo. El mismo tribunal había ordenado reponer al ex procurador Eduardo Sosa en Santa Cruz, pero después de años sigue fuera del cargo. Ahora, le da una orden a la Anses para que pague los reclamos de los jubilados. ¿Será cumplida?

Dominique Strauss-Kahn, que fue detenido hace dos semanas en los Estados Unidos y que debe optar entre declararse culpable o enfrentar un fulminante juicio oral, tuvo mala suerte. Quizá no lea los diarios argentinos, pero si lo hiciera, advertiría que aquí su caso hubiera tenido esperanzas. En la Argentina, la política pesa más que la Justicia.

En efecto, anteayer, hubo dos decisiones que marcan el contraste. Un tribunal oral condenó a Emilio Quiroz por abuso de arma y le aplicó una pena de prisión en suspenso. Quiroz había empuñado, apuntado y disparado una pistola, todo ello frente a las cámaras de televisión, pero a los jueces no les pareció que esa conducta mereciera la cárcel. En cambio, el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, seguirá preso e irá a juicio por el homicidio de Mariano Ferreyra.

El hecho cometido por Quiroz, chofer de Pablo Moyano, ocurrió en 2006, cuando no existían fisuras entre el sindicalismo y el Gobierno. En aquel lejano año, además, el juez César Melazo rebajó la calificación de tentativa de homicidio a la de abuso de armas. Aquellos días se plasmó el desenlace de anteayer. En cambio, cuando en octubre de 2010 ocurrió la muerte de Ferreyra, el Gobierno ya había comenzado a sacudirse de encima al sindicalismo, que demostró ser un aliado demasiado ambicioso. Nadie pidió por Pedraza, y la jueza Wilma López hizo lo que debía hacer: obró rápido, lo procesó y lo envió a juicio oral.

En un año electoral, los jueces ya comenzaron a "hacer la plancha", como reconocen en Tribunales. Mientras algunos magistrados avanzan con fuertes decisiones en contra de empresas, y cuando se esperan decisiones resonantes en contra de Moyano o de su entorno, ningún funcionario del corazón del Gobierno será acosado por un delito grave.

Incluso el desgastado Ricardo Jaime quedó al borde de lavar sus responsabilidades cuando, hace dos semanas, la Sala I de la Cámara Federal avaló la posible nulidad del secuestro de correos electrónicos que involucraban al funcionario y a varios políticos y contratistas en negocios turbios. Eso generó algún reproche entre los camaristas. La política argentina se sigue nutriendo de la impunidad.

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