La destitución, que implica la imposibilidad de ejercer cargos públicos por 15 años, fue decidida porque la Procuraduría cree que Petro cometió errores "gravísimos" al cambiar a finales de 2012 el esquema de recolección de basura, lo que produjo la acumulación de desperdicios durante algunos días.

El alcalde izquierdista interpuso en octubre la solicitud ante la CIDH, previendo el fallo en su contra, y después de que la Procuraduría anunció su decisión se produjo en los tribunales de la ciudad una avalancha de tutelas (recursos de amparo) de personas que consideran que una autoridad administrativa no debe destituir a alguien elegido por voto popular.

La mayoría de las tutelas fue rechazada y ayer se pensó que Petro ya no tendría alternativa cuando el Consejo de Estado no dio lugar a los últimos amparos que estaban en estudio.

Sin embargo, la CIDH determinó en Washington ayer en la madrugada el otorgamiento de una medida cautelar a favor de Petro y pidió a Colombia que suspenda su destitución e inhabilitación hasta que el organismo pueda revisar el caso, según consignaron hoy las agencias Ansa, EFE y DPA.

La CIDH consideró que el caso del alcalde bogotano reunía los "requisitos" de "gravedad, urgencia e irreparabilidad", razón por la que le amparaba sus "derechos políticos" y pidió que siguiera gobernando hasta tanto se decidiera de fondo sobre el caso, un proceso que debe adelantar la Corte Interamericana.

La decisión de la CIDH dividió las opiniones de expertos porque mientras unos afirman que sus medidas son de obligatorio cumplimiento otros sostienen que se trata de recomendaciones.

En lo que coinciden los especialistas es que el tema queda en manos del presidente Santos, quien debe decidir si acepta la medida cautelar o cumple el fallo de la Procuraduría.

Petro comentó que Santos cometería "un error político" si no atiende la solicitud de la CIDH.

"Antes, incluso un poco antes de la decisión del procurador, he hablado con el presidente. En público dijo que aceptaría las decisiones de la CIDH y en privado me dijo lo mismo. Como no sabíamos su desarrollo, simplemente pasó el tiempo y hoy pasó. Espero que las medidas cautelares sean acatadas como el Estado lo ha hecho con todas", dijo Petro.

Para Petro, si Santos decide no acatar las medidas cautelares se debería convocar una Asamblea Constituyente para reformar la democracia, porque "el estudio del caso va poner a Colombia en el tapete una reforma al sistema disciplinario" de la Procuraduría.

Entre quienes consideran que la solicitud de la CIDH debe ser atacada está en fiscal general, Eduardo Montealegre.

En este contexto y mientras Santos se toma tiempo para definir su postura, sigue la expectativa en torno a si los bogotanos concurrirán a las urnas el 6 de abril para revocar o ratificar el mandato de Petro, en el marco de un proceso paralelo que no se relaciona con la medida de la Procuraduría.