Deberán devolver $ 246.201 de un subsidio que no rindieron

El Tribunal de Cuentas intimó a la Asociación Para Ancianos y Menores (PAYM) para que devuelva 246.201 pesos de un subsidio que el Ministerio de Bienestar Social le entregó en el año 2007.

En el caso de que la asociación no restituya el dinero, lo deberán hacer las autoridades Nora Beatriz Marteletti; Silvia Velásquez y María Elena Pacheco, en calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente.

Esta semana se conoció la sentencia 123 del pasado 10 de enero en la que el TdC reclama por la no rendición de un subsidio otorgado en el año 2007. Ese año, el Ministerio de Bienestar Social otorgó un subsidio de $ 400.301. Como la beneficiaria, PAYM, no presentó los comprobantes del destino que le dio a esos fondos públicos fue intimada, primero por el Ministerio y luego por el organismo de contralor.

Según se informa en la sentencia, la asociación justificó gastos por $ 154.100 de los $ 400.301, por lo que se le reclamó la diferencia.

El artículo dos de la sentencia el TdC, dice que “considérase como no rendido el subsidio otorgado por la suma de pesos doscientos cuarenta y seis mil doscientos uno ($ 246.201), por las razones expuestas en los considerandos de la presente”.

“Intímase a la entidad beneficiaria del subsidio, “Asociación Mutual Para Ancianos y Menores (PAYM)”, con domicilio en la ciudad de Santa Rosa, y solidariamente a sus autoridades Nora Beatriz Marteletti DNI Nº 17.769.516-, Silvia Velásquez DNI Nº 10.269.377- y María Elena Pacheco DNI Nº 20.106.370- en calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, para que procedan a la restitución del importe de pesos doscientos cuarenta y seis mil doscientos uno ($ 246.201), con más los intereses que correspondan hasta el efectivo pago, debiendo ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La Pampa- en un plazo de diez días de notificada la presente, bajo apercibimiento de dar intervención del señor fiscal de Estado de la Provincia, por aplicación del artículo 33 del Decreto Ley Nº 513/69”.

La sentencia la firma el presidente del TdC, José Sappa; y la vocal subrogante, María Alejandra Mac Allister.

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