"La deuda que se está reclamando no está firme". Mariano Pérez Rojas, secretario de Economía municipal, fue claro frente a los cuestionamientos de concejales opositores que tienen frenado el convenio que el Municipio firmó con empresarios de la pesca. Si bien las firmas del puerto destinarán $8.700.000 para arreglar la infraestructura de la zona donde tienen sus fábricas, la mitad de los ediles de la Comisión de Hacienda plantean que no avalarán el acuerdo porque en el artículo 19 se establece la condonación de lo adeudado por la tasa de reinspección veterinaria. Dicen que son unos 40 millones de pesos. Para el oficialismo se trata de casi 33 millones pero que no deben ser cobrados.

Para esta altura de febrero, las obras deberían estar comenzadas y el 30% de los aportes depositados. Pero el convenio con las cámaras pesqueras que fue presentado con gran entusiasmo desde el gobierno de Pulti, no pasó la Comisión de Hacienda. La mitad de los concejales que la integran -los radicales Eduardo Abud y Vilma Baragiola, Diego Garciarena del Frente Nacional y Popular, y José Cano, de AM- no están dispuestos a avalar el acuerdo si no se cambia el artículo 19. ¿Qué dice el artículo? Que se estaría condonando la deuda que los empresarios del sector tienen con el Municipio a partir del no pago de la tasa de reinspección veterinaria. Desde el Ejecutivo lo entienden como una manera de "zanjar un problema administrativo". Pérez Rojas explicó a El Atlántico que si bien está incorporada administrativamente al sistema tributario local, no está firme.

Además, criticó que los mismos concejales que hoy cuestionan la condonación de la deuda, hace un año y medio atrás fueron quienes -haciéndose eco de los intereses que defienden las cámaras- pusieron un freno a la intención del gobierno de Pulti de cobrar el impuesto a las firmas pesqueras de la ciudad. La iniciativa había sido defendida por el entonces secretario de Hacienda, José Cano, quien ahora es concejal de Acción Marplatense, pero uno de los ediles que se oponen a condonar la deuda. Pérez Rojas recibió a El Atlántico en su despacho. Arriba de una mesa ratona tenía varios recortes de este diario, que abordaban la temática. Los mostró y evidenció la contradicción.

- ¿Cómo analiza la traba que pone la oposición al avance del convenio con los empresarios de la pesca?

- Primero me sorprendió el cambio de actitud que tuvieron. A medidos del 2008, cuando se estaba discutiendo la ordenanza fiscal e impositiva y el anterior secretario de Economía había planteado la posibilidad de que la tasa de reinspección veterinaria exceda el marco general de la ordenanza -que establecía que únicamente se cobraba para la introducción de frutos del mar y pescado al partido de General Pueyrredon únicamente destinados al consumo local y humano-, en su momento la oposición tuvo bastantes críticas al respecto, defendiendo los intereses de las cámaras, que interpretaban que esa medida no era adecuada a la potestad tributaria que tenía el Municipio. Particularmente yo adherí a esa posición porque creo que el Municipio no tiene potestad para gravar el comercio exterior. A partir de la asunción, se generó un cambio de rumbo, intentando que haya un aporte voluntario de los empresarios del puerto.

- Hay una contradicción en sus posturas…

- Me parece medio discordante la posición de la oposición, porque ellos siempre estuvieron en contra. Ahora que presentamos un proyecto, por primera vez, con un aporte de una comprensión importante del sector portuario de la necesidad de destinar fondos para mejorar la infraestructura urbana del puerto, referido a asfalto y luminarias, con un importe de 8.700.00 pesos, también se oponen. En un año y medio cambiaron de posición: de estar en contra de la sanción, ahora están en contra de la no sanción. Desde ese punto de vista nos parece preocupante, pero creo que se establecerán los mecanismos como para entablar un diálogo y tratar de acordar un esquema que pueda propiciar la salida de comisión de este proyecto.

- Se habla desde la oposición de una deuda de 40 millones de pesos. ¿De dónde sale ese número?

- La deuda nominal, a valores históricos, es de 32.960.533 pesos. Eso es lo que está cargado. Es una deuda que se generó tomando en cuenta esta cuestión, la totalidad de la producción ingresada al Partido de General Pueyrredon, independientemente si iba destinado al comercio exterior o era destinado a consumo humano como destinaba la ordenanza. Además hay que tener en cuenta que la ordenanza fiscal nunca llegó a establecer la tributación sobre el comercio exterior porque esa ordenanza, a los fines de que tuviera consenso en el Concejo Deliberante -nosotros teníamos una minoría importante- se quitó ese artículo. Por lo tanto, la base imponible que nos permitiría a nosotros cobrar ese importe, más allá de las acciones que realizan después los empresarios del puerto en contra, nunca estuvo firme. Por eso las deudas no están firmes, más allá de que están ingresadas administrativamente al sistema.

- Administrativamente la deuda está. ¿El Tribunal de Cuentas ya lo ha facturado? ¿Cómo se resuelve esto?

- La deuda está incorporada administrativamente al sistema tributario que tenemos, pero no está firme. ¿Qué significa? Que al haberse modificado la ordenanza fiscal, al existir sólo un periodo -durante el gobierno de Katz- en el cual la ordenanza fiscal no fue establecida para el consumo local y humano, y al haber recursos presentados por las cámaras portuarios, todavía la deuda no tiene el viso de obligatoriedad, hasta tanto no se resuelvan esas cuestiones administrativas. Por lo tanto, el Tribunal de Cuentas podrá ver dentro de la cuenta corriente de cada uno de los contribuyentes esa deuda, pero al no estar firme, esa firme no tiene obligatoriedad de ejecución.

- En el polémico artículo 19 del convenio, hace referencia a "deudores de la tasa de reinspección veterinaria", ¿no se estaría reconociendo que hay una deuda?

- Porque administrativamente nosotros lo tenemos cargado como deudores, en la cuenta corriente aparece la deuda de cada empresa en particular. Lo que no está es firme. Desde ese punto de vista lo que se establece es una compensación con este aporte voluntario para eliminar esa cuestión y zanjar un problema administrativo. Esta fue una decisión del anterior secretario de Economía. Yo lo he charlado con nuestro equipo económico y tenemos muy en claro que el municipio no tiene potestades para establecer tributos sobre el comercio exterior y lo vamos a mantener.

- Desde el gobierno comunal se planteó el aporte empresario como un gran gesto, sin embargo tienen la necesidad de contar con una infraestructura acorde para facilitar sus negocios con la comunidad europea.

- Se piden normas de calidad y la infraestructura mínima que deben tener. Tenemos que reconocer que el sector portuario genera fuertes riquezas y empleo para la ciudad. Desde ese punto de vista, todas las ciudades modernas tratan de desarrollar una infraestructura urbana que posibilite el afianzamiento de las industrias locales y que tengan buenas vías de accesibilidad y de traslado de sus productos. También normas de seguridad, factores ambientales y ecológicos, en los que hay que hacer mucho hincapié. Desde ese punto de vista, va a mejorar el posicionamiento de las empresas del puerto en los mercados mundiales.