“Estamos ante un nuevo intento de manipular datos genéticos al servicio de un gobierno que persigue fines inconfesables para incrementar el maltrato y la persecución de supuestas víctimas violando derechos humanos que tienen jerarquía constitucional”, expresó la primera candidata de UNEN para la Cámara Baja en las próximas elecciones del 27 de octubre.

Para la legisladora, “la sanción de la ley del Banco de Datos Genéticos, que comenzó con un escándalo en 2006, viola el derecho de personas que buscan su identidad y que no son hijos de desaparecidos y que de esta manera deberán recurrir a bancos privados convirtiendo esto en un enorme negociado, tal como quedó claro en el debate parlamentario de ese año”.

Carrió expresó su deseo de que la Justicia “preserve la necesaria independencia del Banco Nacional de Datos Genéticos”. Se refirió de esa manera a la decisión que debe tomar el juez Ernesto Marinelli, a cargo del juzgado del fuero en lo Contencioso Administrativo en el que tramita un amparo por este tema.

El juez ya ordenó, como medida cautelar, que el Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar la nueva ley y le dio tres días de plazo para presentar un informe en el juzgado. Es a raíz de una acción de amparo planteada por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos de la dictadura y otras organizaciones. El tema fue tratado el miércoles por Clarín y el domingo pasado en el programa televisivo Periodismo Para Todos (PPT), cuando se denunció una posible manipulación política del BNDG.