Los ediles peronistas afirmaron que la municipalidad empleó productos "nocivos y peligrosos" para la salud de la población que se encuentran prohibidos en varios lugares del país y alertaron que los empleados municipales podrían enfermarse si efectúan la fumigación sin los cuidados correspondientes, al igual que los vecinos domiciliados en cercanías a los espacios públicos desinfectados.

"Dejamos constancia de nuestro total rechazo a la compra y utilización de agrotóxicos porque sabemos que el municipio cuenta con elementos suficientes para realizar la limpieza de terrenos, cordones cuentas y desagües sin la necesidad de adquirir glifosato, Dicamax y Super Estrella granix", manifestaron los ediles justicialistas Luisa Ponce, Marcela Leguizamón y Cristián López Avila -reemplazó a Javier Naab- en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, celebrada hace unos días.

Fundamentos.

Este fue uno de los argumentos que dieron los concejales opositores para desaprobar los balances municipales de agosto y septiembre de 2008. Precisamente, en este último legajo descubrieron que la intendenta adquirió 180 litros de glifosato en bidones de distintas capacidades, además de 12 kilogramos del herbicida granulado por un monto total de 4.070 pesos.

Los ediles comprobaron que todas esas compras fueron facturadas a nombre del municipio entre los meses de diciembre de 2007 y mayo de 2008 por la sucursal local de una importante empresa dedicada a la compra y venta de semillas y comercialización de insumos para el campo.

Luego elevaron un pedido de informes al Departamento Ejecutivo y éste rápidamente contestó que los productos se emplearon para fumigar terrenos, desagües y cordones cunetas ubicados en la zona urbana más el basurero a cielo abierto.

Dichas tareas con los mencionados herbicidas merecieron la reprobación de los concejales del PJ.

Cuestión contable.

La presidenta del CD, Marta Berg (Frepam), reconoció la compra del glifosato pero sostuvo que este tipo de cuestionamientos "no hacen a la cuestión contable" por lo tanto, a su juicio, no pueden invocarse como objeciones para desaprobar balances. "Sí estoy de acuerdo en que se deben tomar todos los recaudos necesarios al momento de manipular esos productos", dijo.

Pero los ediles del PJ también invocaron cuestiones contables para no darle el visto bueno a la documentación oficial. Según dijeron, aparecen facturas de proveedores con el CAI vencido y la municipalidad recibió de provincia una partida de 4.100 pesos para destinarla al pago de un transporte de alumnos rurales de EGB pero esa empresa percibió 2.050 pesos. "Con el resto del dinero supuestamente se entregaron ordenes de compra de combustible a los padres que realizan el traslado de manera particular pero en el balance de agosto no encontramos ninguna. Y en septiembre se repite algo similar: el municipio recibió 8.200 pesos, el transporte cobró $ 4.100 y solo encontramos una orden de combustible pero por 65,91 pesos". Los balances finalmente fueron aprobados por la mayoría oficialista.