Nuevos cuestionamientos surgieron del Tribunal de Contralor hacia el Ejecutivo Municipal, esta vez por los dos últimos nombramientos políticos que aprobó el intendente Marcelo Cascón días atrás.

Mediante una nota enviada al Concejo Municipal, el Contralor advirtió que ni la designación de la ex miembro del directorio del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS) Andrea Arch ni la del ex Secretario de Obras Públicas y Servicios, Gabriel Cazalá, están avaladas por la ordenanza de organigrama político dado que los cargos no existen.

En el primero caso, Arch fue nombrada como directora General del Centro de Mediación Comunitaria Acordar creado por resolución de la intendencia. Esta decisión fue cuestionada por el Defensor del Pueblo quien señaló la superposición de funciones que genera el nuevo organismo con las asignadas a la defensoría por ordenanza. A esta situación se sumó la polémica designación en un área de mediación a una funcionaria cuestionada por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) por casos de presunto maltrato al personal mientras integró el IMTVHS.

En el segundo, el intendente Cascón creó un área específica a cargo de Cazalá, funcionario a cargo del control y gestión de las obras del Gasoducto Cordillerano, un curioso acuerdo que realizó la Municipalidad con el gobierno nacional dado que Bariloche se puso al frente de obras que no se realizan en su jurisdicción ni en la provincia de Río Negro sino en la vecina provincia de Chubut, donde existe una conocida disputa política con el actual gobernador Mario Das Neves.