Promete la exención de impuestos y “plena protección y seguridad jurídica”. Además, establece que las empresas extranjeras “no podrán ser expropiadas, salvo por motivos de utilidad pública o interés social” y que, cuando ello ocurra, los propietarios recibirán “la debida indemnización”. Se trata de un paso más en la lenta transformación del modelo económico socialista que comenzó a desarrollar Raúl Castro hace un lustro, con la idea de reflotar las menguadas cuentas de la isla y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado.

A través del diario oficialista Juventud Rebelde, el Gobierno cubano ha explicado que la inversión extranjera será autorizada en forma de empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional o de empresas de capital totalmente foráneo. Los contratos de asociación económica internacional, por ejemplo, aplicarán para la exploración de recursos naturales no renovables, para la administración hotelera, producción o servicios, la prestación de servicios profesionales, la producción agrícola y la construcción. El Gobierno de La Habana establecerá que las inversiones extranjeras “no podrán ser expropiadas, salvo motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros” y que en caso de ser necesario, lo haría “en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales suscritos al respecto por el país, y con la debida indemnización, establecida por mutuo acuerdo, pagadera en moneda libremente convertible, y con un árbitro que satisfaga a ambas partes”.

Con esta ley, La Habana busca atraer capital extranjero para garantizar el acceso de Cuba a nuevas tecnologías, nuevos mercados de exportación y nuevas fuentes de financiamiento que le permitan, en el mediano plazo, desarrollar de nuevas fuentes de empleo y sustituir importaciones, especialmente en el sector de los alimentos; todos estos objetivos forman parte de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en abril de 2011. La norma, que será debatida el sábado en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, sustituirá a la vieja Ley 77 vigente desde 1995 y su aprobación ha sido una tarea pendiente desde finales de 2012.