Los allanamientos fueron realizados por fuerzas de seguridad federales durante el pasado fin de semana en la ciudad de Río Grande, comprendiendo un total de siete allanamientos. Dos de estos fueron a los locales nocturnos “Buenos Aires” y “Korotey”, donde quedaron detenidos un conocido peluquero de la ciudad y tres personas de nacionalidad peruana por el delito de “trata de personas”.
En el caso del bar Buenos Aires se había receptado una denuncia anónima en el Juzgado Federal dando cuenta de “trata de personas”, y en el caso del Korotey personal de inspección municipal había realizado una infracción al constatar habitaciones donde se ejercía la prostitución dentro del mismo comercio, situación ilegal, que motivó el inicio de una investigación.
Atentos a esto viajó a Río Grande una comisión de funcionarios nacionales del Programa de Acompañamiento y Asistencia a las víctimas de la Trata de Personas, por lo que se aunaron todos los procedimientos por ambas causas.
De esta manera se allanaron los dos locales nocturnos de mención y luego cinco domicilios particulares conocidos como “privados” donde también se ejerce la prostitución, entrevistándose a una gran cantidad de mujeres que se desempeñarían como alternadoras, las cuales fueron inmediatamente separadas del entorno a fin de evitar que recibieran presiones.
Mas allá de esto ninguna de las mujeres pidió asistencia o se consideró coaccionada en su labor, mas allá de lo cuales quedaron cuatro personas detenidas; el peluquero Emiliano Espínola en relación al bar Buenos Aires; y en el caso del Korotey tres personas de nacionalidad peruana, Jaime Alfonso Vega Medina, María Graciela Yopla Huammanchumo y Flor Merci Avila, esta última quien negó todos los cargos en las indagatorias, siendo la única de los cuatro detenidos en declarar.
La jueza federal Lilian Herráez, quien entiende en esta causa, finalmente denegó el pedido de excarcelación de las cuatro personas sobre las que deberá resolver su situación procesal en los próximos días.
En ese sentido se explicó que la “trata de personas” es un delito bastante complejo, según lo prevé la ley nacional 26.364 que establece “se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas mayores de 18 años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta”.
Incluso al no existir denuncia concreta de ninguna de las alternadoras entrevistadas, el modus operandi de estos empresarios de la noche, podría hacerlos pasibles de la imputación de este delito y de un eventual procesamiento
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