Es un hecho que Cotreco seguiría prestando el servicio, ya que presentó una oferta más económica que su adversaria (Ashira). El nazarismo consideró que, con sus aportes, el pliego final “se enriqueció” pero consideran clave que el Ejecutivo realice un control más exhaustivo de la prestación y aplique las sanciones correspondientes en caso de incumplimientos.
Sin sobresaltos, la licitación del servicio de Higiene Urbana parece tener un resultado cantado que se basa, sobre todo, en el aspecto económico. Cotreco, que presta el servicio desde hace más de 16 años en la ciudad (y cuya primera licitación tuvo lugar en 2017), sería la ganadora en el proceso que actualmente se encuentra en su tramo final. Su contrincante, Ashira (que presta servicios en distintos puntos del país, incluyendo San Francisco) presentó una oferta que supera a la de Cotreco por aproximadamente 500 millones mensuales. Mientras, la actual prestataria pidió un monto de $2600 millones mensuales.
En el aspecto técnico, ambas firmas cumplirían con los mismos requisitos y no se advirtieron cuestionamientos por parte de los concejales de la oposición que integran la comisión evaluadora. De todos modos, este órgano no tiene la “palabra final” sino que “recomienda” optar por una empresa u otra a partir de la documentación analizada. Esto difiere de lo que se vio en la licitación del servicio de transporte urbano en el 2022. En aquel entonces, la disputa fue protagonizada por la empresa local y actual prestataria (SAT Ciudad de Río Cuarto) y la firma puntana Sol Bus. La primera minoría (Juntos por Río Cuarto) emitió un dictamen en disidencia y consideró que la empresa foránea superaba en puntaje a la firma riocuartense.
En el caso de la licitación de la recolección de residuos, no ha habido cuestionamientos de ese calibre. Es decir, el proceso licitatorio no se ha teñido de dudas por parte de la oposición. Aún así, los cuestionamientos de la primera y segunda minoría parecen apuntar al propio Ejecutivo, que es quien tiene el poder de controlar la prestación.
El pliego licitatorio en cuestión se debatió a fines del año pasado. Su tratamiento en el Legislativo no duró más de dos meses y, en paralelo, se aprobó la prórroga del actual contrato. Fue aprobado por 16 de 19 concejales. Entre los votos negativos, se destacó el de la concejala radical, Antonella Nalli; el del concejal del Frente Cívico, Pablo Benítez; y el del edil del Partido Libertario, Mario Lamberghini.
En tanto, todo el bloque nazarista (pese a tener una mirada crítica de la gestión ambiental a nivel local) acompañó la iniciativa y consideraron que el pliego finalmente aprobado “fue enriquecido con nuestras propuestas”. El jefe del bloque La Fuerza del Imperio del Sur, Franco Miranda, señaló en diálogo con Alfil que se decidió votar a favor porque la versión final fue “un pliego enriquecido. Podíamos elegir no acompañar o dar la discusión y el debate”.
“Iban a pasar ocho años de este contrato, con un sistema de recolección que iba a ser cualquier cosa. Nosotros decidimos acompañar, hacer aportes y dimos un debate con contenido. No somos todos iguales (en la oposición). Es preferible hacer un aporte y no quedarnos en que simplemente ‘no estamos a favor’ porque Cotreco hizo una mala gestión. Eso fue así porque nadie la controló. Además, en cuanto a las características técnicas, las dos empresas que se presentaron estaban en iguales condiciones. Por eso, lo que hay que hacer, es obligar a que se cumpla el contrato”, indicó Miranda y agregó que “la recolección de residuos es solo una pata de un sistema ambiental integral que le hace falta a Río Cuarto”.
En cuanto al control, desde la segunda minoría no hicieron alusión a aquellas intimaciones que impulsó el Ejecutivo en situaciones puntuales (por ejemplo, ante medidas de fuerza dispuestas por el Surrbac) sino al poder de control que puede ejercer el Municipio (a partir de sus inspectores) mediante órdenes de servicio en las que consten los incumplimientos que se observan en la cotidianeidad. A partir de esas actas y de la constatación de ese incumplimiento (previa intervención del Tribunal de Faltas), el Ejecutivo tiene la potestad de aplicar multas por tareas no realizadas (por ejemplo, descontando el monto de lo que se le abona mensualmente a la empresa).
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