Por eso, además de personas que le desean los peores males, París también tiene amigos y conocidos que no dudarían en poner las manos en el fuego por él. Impermeable a presiones e intentos de soborno, habló con NORTE sobre lo que pasó con las tierras fiscales de la provincia, y asegura que Jorge Capitanich “se quedó corto” cuando días atrás dijo que el perjuicio al Estado por esas maniobras ronda los 2.000 millones de pesos. El negocio del siglo —¿Está precisado cuánta tierra pública se transfirió indebidamente en todos estos años de irregularidades? —Según las constancias del Instituto de Colonización, son dos millones de hectáreas aproximadamente. En realidad una materia pendiente del gobierno actual es determinarlo con mayor exactitud, viendo lo que hay registrado en Colonización y lo que hay en la Dirección de Catastro. —¿En valores de mercado qué suma representa? —El gobernador dijo que el Estado dejó de percibir 2.000 millones de pesos. Yo creo, respetuosamente, que se quedó corto. El daño sería mayor, por las consecuencias ecológicas del desmonte, la expulsión de aborígenes y criollos y la atención a las familias que tuvieron que emprender el éxodo hacia zonas urbanas. Son costos inestimables. —¿Y si se midiera el negocio inmobiliario? —Habría que ver la cantidad de hectáreas y zonificarlas, porque los valores varían. No hay una media exacta para hacer esa estimación. —¿Qué caso paradigmático se puede mencionar, como para tener una idea de las diferencias que se hacían con estas operaciones? —Por ejemplo el caso Vratnica, denunciado en su momento por los empleados de Colonización, donde se compró un campo pagando al Estado 1,14 peso por hectárea y se vendió luego todo el predio por más de 2.200.000 pesos. Es un caso testigo. Otro caso que me impactó mucho fue el de la señora Lastero, en Castelli. A través de procedimientos irregulares un empresario de Santa Fe se quedó con tierras dentro de las cuales ella llevaba viviendo treinta años. De ese procedimiento irregular participaron empleados de Colonización, escribanos... Se le vendió la tierra a una empresa, ésta la volvió a vender a un fideicomiso del Banco Galicia, y este fideicomiso se la vendió a este señor. La tierra pública del Chaco jamás tendría que haber terminado en un fideicomiso bancario. Ahora se prepara la acción de lesividad que recupere el predio. La señora sigue viviendo ahí, soportando presiones y amenazas de muerte. Esto marca la situación de indefensión de los pobladores ante los intereses económicos que vulneran la Constitución. —Así como también hubo, aparentemente, pobladores que en esto vieron la oportunidad de hacer un gran negocio. —Exactamente. Para una irregularidad tiene que haber dos partes. Se vio también la participación, no sé si voluntaria o engañosa, de adjudicatarios originales que solicitaron la tierra. Detectamos que muchos de ellos vendían y luego volvían a solicitar predios fiscales para explotar. “Los funcionarios sabían” —Este caso de corrupción tan grande, ¿fue solamente una sumatoria de negociados individuales o una trama más organizada? —Si vemos cómo se implementó, creo que fue armándose de acuerdo a las conveniencias del momento, con gente que lo fue pensando. Es evidente que hubo empleados deshonestos y estrategias comerciales que iban contra la Constitución y las leyes. Es lo que la justicia debe desentrañar. Se aportaron muchísimas pruebas para eso: expedientes paralelos, falsificación de documentación, firmas fraguadas, inspecciones falsificadas, protocolos de escribanos asentando boletos de compraventa anteriores a la titularización, etcétera. —Lo de los escribanos es muy grave. —Sí, pero además en ese tema hay otra deuda del Poder Judicial, porque los escribanos tienen una fiscalización notarial por parte de una oficina de la justicia. Entonces, hay una responsabilidad por las inspecciones que se tendrían que haber hecho. Esto no tendría que haber pasado. Hasta detectamos a dos escribanos que tenían tierras fiscales. —¿Pudo haber una dirección política detrás? —No me caben dudas de que los funcionarios en funciones sabían de cómo se venían haciendo estas operaciones. Yo hablé personalmente con (Roberto) Cogno y le advertí de estas irregularidades. Lamentablemente él también, de acuerdo a documentación obrante, tuvo algún grado de participación en algunas actuaciones que fueron puestas a disposición de la justicia. Mi informe es técnico, no puede decir si hubo una guía política, pero sí es evidente que hubo funcionarios que sabían de las irregularidades. Hasta al entonces gobernador de ese momento, el señor Nikisch, lo notifiqué de lo que estaba pasando. —¿En el gobierno nota decisión de llevar a fondo esto, o se frenó ese impulso inicial que se declaraba? —Con el proyecto de Ley de Tierras y las declaraciones del gobernador de días atrás creo que se nota un compromiso serio del Poder Ejecutivo. No obstante, creo que el gobernador, con las áreas competentes, debería dar mayor apoyo a la comisión revisora, con más recursos humanos, y también proveer de más abogados a la Fiscalía de Estado para este tema. —¿Hay apoyo de las autoridades de Colonización? —Yo veo preocupación constante del señor Branco Capitanich y de los vocales del Instituto. Todos los días se reciben denuncias sobre usurpaciones y ocupaciones ilegales, de desmontes, que casi siempre son en terrenos fiscales. Pero para luchar contra esto también hace falta tiempo y recursos. Lamentablemente el Estado siempre llega tarde, por la gran amplitud geográfica y la falta de control en localidades. —Hasta hubo tierras que terminaron en manos de extranjeros, ¿no? —Sí, una crítica que le hago al proyecto de Ley de Tierras del Poder Ejecutivo es que faltan artículos puntuales que prohíban la extranjerización de la tierra pública. Con la legislación actual cualquier extranjero puede venir a comprar campos a titulares de tierras fiscales. —¿Recibió amenazas o presiones personales por su trabajo en este tema? —En 2008 tuve que hacer una presentación ante la justicia penal por mensajes con amenazas de muerte. Fue en la misma época en la que entraron desconocidos al juzgado de la doctora Grillo, aparentemente buscando el expediente del tema tierras.