Con chicanas políticas de todo tipo, gritos y escenas propias de cualquier discusión callejera y no de las que se deberían llevar en un parlamento municipal, la aprobación de un nuevo convenio urbanístico volvió a generar polémica en el Concejo Deliberante. Aunque todavía falta mucho para las elecciones de 2015, ayer quedó claro que el recinto deliberativo no está exento del clima preelectoral que se vive en Córdoba y que, evidentemente, cruza a todos los partidos políticos. 

En la sesión de ayer, que debió incluir un cuarto inetrmedio debido al caliz que tomó la discusión, el bloque de radicales terminó ratificando en soledad el convenio urbanístico entre la Municipalidad de Córdoba y Edisur SA, mientras que los bloques Eva Duarte, Frente Cívico y el Peronismo que Viene votaron en contra y Unión por Córdoba se abstuvo. De hecho, la bancada que preside Alejandra Vigo iba a acompañar el proyecto en un comienzo, pero dado que la discusión luego tomó caminos que nada tenían que ver con la iniciativa en sí misma, la concejala de la bancada peronista dijo que se abstendrían. 

La oposición acusó al Ejecutivo municipal de utilizar la herramienta de la Concertación Público-Privada (ahora denominada convenios urbanísticos) para favorecer a los grupos empresarios, en detrimento de los supuestos beneficios que debería recibir la Ciudad. Desde la bancada oficialista, defendieron la iniciativa que consideraron “beneficiosa para la ciudad” y el concejal Alberto Guzmán justificó: “Estamos aprobando la factibilidad de fraccionamiento de la tierra. De las 563 hectáreas, no todas pueden ser utilizadas comercialmente, hay 24 que están destinadas a la futura traza de la Circunvalación, más 10 hectáreas destinadas a establecimientos educativos o culturales. Y se consideran que 423 hectáreas serían destinadas para viviendas y espacios verdes y se construirían 13.088 unidades”. Además, indicó que Edisur se compromete a realizar obras de infraestructura para la ciudad, como el intercambiador de avenida Rafael Núñez-Donato Álvarez, las prolongaciones de avenida Baigorria-Donoso, de Cruz Roja y de calle Lisardo Novillo Saravia, entre otras. “Además, el desagüe de avenida Cruz Roja y Río Negro, y la materialización de calle Cañada de Gómez. Además, serán transferidos al dominio municipal 175.100 metros cuadrados de superficie urbanizable”, dijo el concejal radical. 

Crítica de la oposición

Por su parte, Esteban Dómina, del Frente Cívico, indicó que una vez habilitado los 13.088 lotes correspondientes a las 563 hectáreas localizadas en el sector sudeste de la ciudad, “alojarán un futuro asentamiento poblacional de 50.000 personas, o sea de un rango equivalente al de Alta Gracia o Río Tercero”. Por la implicancia, siguió el edil, es el convenio más importante de los aprobados hasta el momento, y reviste “especial gravedad” que se incumpla lo prescripto, por ejemplo, por el artículo 8º de la Ordenanza Nº 12.077 de Convenios Urbanísticos. Allí se establece que “la Autoridad de Aplicación deberá tener especialmente en consideración el impacto socioambiental de la intervención propuesta, conforme a la normativa en la materia tanto de orden municipal, provincial y nacional”. En ese sentido, Dómina consideró grave el incumplimiento de la presentación de un estudio de impacto ambiental tal cual lo exige la norma; se trata de un requisito previo a la firma del convenio “obviarlo significa poner en marcha un hecho consumado (habilitar la fundación de una ciudad dentro de la ciudad) que puede acarrear severos perjuicios ambientales, si no se toman los recaudos propios de una futura urbanización de las dimensiones apuntadas”.

El edil criticó, además, que se haya convalidado un valor de la tierra urbanizada, sin que haya tomado intervención la Dirección de Catastro Municipal, como lo fija la normativa y que “en el cómputo del beneficio se haya aplicado un porcentaje del 10% sobre el valor de la superficie urbanizable, cuando corresponde aplicar el 15%”. Objetó también que no se haya considerado que la traza de la avenida de Circunvalación “generará un beneficio adicional para Edisur de las 9,3 hectáreas a expropiar afectadas por la misma”. 

A su turno, la titular del bloque Eva Duarte, Olga Riutort, dijo que “sorprende y preocupa que el radicalismo siga violando sistemáticamente las ordenanzas que ellos mismos sancionan y promulgan. La soberbia les impide reconocer que si la ordenanza de convenios urbanísticos es abusiva e inaplicable, hay que derogarla”. 

La concejala criticó que no se haya utilizado el valor de Catastro para calcular el metro cuadrado de tierra “como lo exige la ordenanza” y consideró que el cálculo debía “hacerse desde el uso del suelo que tienen esas hectáreas, es decir, rural-industrial y no partiendo de las Urbanizaciones Residenciales Especiales”.