El Gobierno está decidido a avanzar en una investigación contra siete bancos y la petrolera Shell por supuestamente haber manipulado el mercado cambiario y generado una corrida que terminó con una fuerte devaluación del peso, el 23 de enero pasado.

El viernes pasado, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff pidieron que se investigue por esa maniobra a los directivos de los bancos de Galicia, HSBC, Citibank, BBVA Banco Francés, BNP Paribas y JP MORGAN Chase Bank, del Banco de la Provincia de Córdoba y de la petrolera Shell.

Lo que más sorprende es la inclusión del Banco de Córdoba (Bancor), una entidad pública controlada por el gobierno de José Manuel de la Sota y que también está salpicada en una causa de gran impacto como la de la financiera CBI.

Quién puso sobre la mesa la verdadera intención del kirchnerismo fue el entrerriano Sergio Urribarri, al asegurar que “los buitres no sólo están afuera, también los tenemos dentro del país”.

“Da tristeza y vergüenza ajena que entre los bancos involucrados haya un banco provincial”, afirmó Urribarri de acuerdo a un comunicado difundido por su equipo de prensa. “Detrás de esto están los personajes que se disfrazan de empresarios o políticos, pero que no dudan en poner sus intereses por delante de los de millones de argentinos. Los vemos desfilar entre cócteles y programas jugando en contra de los intereses de la Patria, tenemos la obligación de denunciarlos para saber quién es quién”, agregó.

El Gobierno nacional sostiene a través de Procelac que los bancos en cuestión tuvieron en enero de este año ganancias por casi 10 mil millones de pesos contra 427 millones de pesos en el mismo mes de 2013. En particular el Bancor habría obtenido utilidades extras por 50 millones de pesos “en concepto de diferencia de cotización”.

El más beneficiado por esas maniobras fue el Citibank, cuyas ganancias habrían ascendido a 733 millones de pesos; el BBVA Francés logró 548 millones; HSBC 356 millones; BNP Paribas 198 millones; JP Morgan 92 millones; y Galicia 51 millones, según informó el diario Página 12.

Desde el kirchnerismo ya le habían apuntado a De la Sota por otro escándalo del Bancor. Es que el presidente de la entidad, Fabián Maidana, está implicado en la causa por las irregularidades en la financiera CBI, señalada como una “cueva” de empresarios y políticos cordobeses. El caso también salpica a funcionarios del intendente radical de Córdoba capital, Ramón Mestre.

El caso estalló cuando apareció muerto uno de los dueños de CBI, Jorge Suau, un ex funcionario del primer gobierno de De la Sota. Antes de suicidarse –la hipótesis más firme de la causa-, Suau dejó una carta con detalles sobre sus vínculos con empresarios y políticos.

Maidana, el director del Bancor, fue uno de los fundadores de Cash SA, la antecesora de CBI, junto con Suau. Meses atrás, el abogado del otro dueño de CBI, Eduardo Rodrigo, denunció que “en su momento, (Maidana) fue socio y participó" de la financiera. El senador Luis Juez acusó entonces a De la Sota de tener "al dueño de una cueva como presidente del Bancor". En mayo, el gobernador echó a otro funcionario imputado en la causa.

Lo que más llama la atención de la investigación impulsada por el kirchnerismo es que a duras penas los funcionarios del Gobierno terminaron admitiendo con el tiempo que la devaluación en realidad fue una decisión del Ministerio de Economía y el Banco Central, que no intervino en la jornada en cuestión como hace regularmente.

En una visita al Congreso, Jorge Capitanich habló de "una decisión desde el punto de vista de la política cambiaria", siempre argumentando que el Gobierno fue víctima de una maniobra conspirativa llevada a cabo por Shell y HSBC. Juan Carlos Fábrega reconoció en mayo que “se definió con la flotación administrada una modificación del tipo de cambio de 21%”.