“No está decidido, entre otras razones porque aún no hemos recibido el fallo de la Corte ni se ha reunido el Comité evaluador”, aseguró ayer a El Cronista el integrante del gabinete presidencial. El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Apablaza Guerra que había sido solicitada por el Gobierno de Chile para juzgarlo por un atentado cometido en 1991, en el cual fue asesinado el senador pinochetista Jaime Guzmán.

La situación de Apablaza Guerra contempla dos frentes en Argentina. Uno es el político, ya que es el Gobierno el que debe decidir si concede la extradición. El organismo encargado de evaluar técnicamente si es procedente la extradición es el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), que funciona en el Ministerio del Interior. Si el CEPARE decide otorgarle la condición de refugiado, Apablaza Guerra podrá quedarse en Argentina. Hoy, el hombre vive con tres hijos y su mujer (empleada de la Presidencia de la Nación y con oficina en la Casa Rosada) en una quinta en el partido bonaerense de Moreno.

El otro frente es el judicial. Ayer, el Centro de Información Judicial informó que el Juez Federal Claudio Bonadío “debería resolver en los próximos días el pedido de detención del ciudadano chileno país Galvarino Apablaza Guerra formulado por el gobierno de ese país tras el fallo de la Corte Suprema autorizando su extradición”. Si Bonadío lo detiene, la situación del ex guerrillero entraría en un nuevo estadío, ya que en ese caso su resolución no sólo quedaría en manos del Ejecutivo.

A pesar de que no lo dicen en voz alta, los funcionarios de Cristina Kirchner estiman que Apablaza Guerra no será extraditado. El fin de semana, el embajador argentino en Santiago, Ginés González García, dijo que la posible extradición del ex guerrillero es distinta de otros casos donde este trámite se pudo concretar. “Nosotros hemos procedido a la expulsión de un ciudadano chileno que estaba acusado de delitos de este tipo hace pocos días. Hace un poco más de tiempo, hace un año, hicimos la extradición de otro. O sea, no es una actitud de tipo institucional de Argentina, sino que las circunstancias no son iguales”, afirmó.