Un reclamo salarial desbordado. Zonas liberadas sin protección del Estado. Saqueos que se multiplicaron en horas. Vecinos y comerciantes armados para imponer justicia por mano propia. Y una explosión de violencia que terminó con, al menos, 11 víctimas fatales y pérdidas millonarias en todo el país. El saldo de las protestas policiales que sufrieron 20 provincias en los últimos días es de los más trágicos de la historia reciente. En Salta, el conflicto comenzó el lunes y se controló el viernes después de estar, por momentos, al borde de un estallido.

Policías de Córdoba dejaron de trabajar y se acuartelaron el 3 de diciembre para demandar un aumento de sueldo. A partir de esa noche, grupos que aprovecharon la falta de vigilancia desvalijaron negocios y casas.

El conflicto terminó cuando el gobernador José Manuel de la Sota incrementó el sueldo inicial de la fuerza de seguridad a 10.000 pesos.

La crisis se replicaría en la mayoría de las provincias. El salario que consiguieron los manifestantes de Córdoba se tomó como referencia y marcó las negociaciones en el resto del país.

En Salta, policías retirados y en actividad se concentraron en el centro Sargento Suárez el lunes a la mañana y empezaron un reclamo por haberes de 8.500 pesos para los que menos cobran.

Desde las 20 hubo saqueos aunque no avanzaron tanto como en otros lugares del país porque estaban en la calle los uniformados que no se habían plegado al reclamo. Desde entonces, se instaló un clima de tensión que recién se superaría el viernes, después de que los policías aceptaran el piso salarial de 6.500 pesos que anunció el gobierno y la cúpula de la fuerza de seguridad prometiera que no habría sanciones.

Policías retirados, efectivos en actividad y familiares se concentraron desde la mañana en el centro policial Sargento Suárez para empezar una demanda de mejoras salariales.

El reclamo era por un básico de 3.500 pesos y un sueldo de 8.500 pesos para el agente que recién se inicia.

Días antes, el Gobierno de Córdoba había otorgado un piso salarial de 10.000 pesos a la fuerza de seguridad para que se levantara un acuartelamiento.

El lunes desde las 20 hubo saqueos en el centro de Salta Capital y algunos puntos del interior. Negocios como Vea, Chango Más, Mario Guerrisi, Taverniti Jeans y Stock Center sufrieron las mayores pérdidas.

A la tarde ya se escuchaban rumores de que habría saqueos. El despliegue de policías que no se sumaron al reclamo evitó que hubiera más robos.

El cuerpo de Infantería impidió que vaciaran el super Chango Más de Ciudad del Milagro.

La fuerza de seguridad había detenido a 130 personas al final de la jornada por los robos y destrozos.

Muchos comerciantes pasaron la noche en sus locales para cuidar la mercadería y no volvieron a abrir durante varios días por miedo a perder todo.

Después de una noche en la que hubo saqueos y destrozos en el centro, la mayoría de los negocios permaneció todo el día con las puertas cerradas, vidrieras tapadas o persianas bajas.

Por miedo a los saqueos, muchos comerciantes se llevaron toda la mercadería de sus locales y decidieron no volver a abrir hasta que estuviera garantizada la seguridad.

Efectivos de la Capital y el interior se sumaron al grupo que reclamaba un aumento salarial en el centro policial Sargento Suárez.

El ministro de Seguridad Alejandro Cornejo D’Andrea dijo a los medios de comunicación que el tema de los salarios policiales estaba “cerrado”.

Comisarías como la segunda, quinta, novena y décima quedaron con guardias mínimas. Lo mismo pasó en dependencias de Güemes, Tartagal y Orán.

Un policía de Orán fue baleado en el saqueo al mercado de abasto de esa ciudad. También hubo heridos entre los que intentaban llevarse alimentos y otros productos de los locales.

El Poder Judicial confirmó que habían quedado liberados 100 de los 130 detenidos por los saqueos del lunes a la noche. Según se informó, no podían seguir detenidos porque eran menores de edad.

Miércoles. Fue el día más tenso. Desde temprana hora agentes en servicio, retirados y familiares se concentraron en el Centro Policial Sargento Suárez para marchar hacia la jefatura de General Güemes al 700.

A media mañana, efectivos que custodiaban el área céntrica dieron aviso de un inminente acuartelamiento policial. A las 10, comerciantes empezaron a bajar las persianas de sus negocios.

Al mediodía, y con notoria presencia de uniformados, una columna que cubría tres cuadras marchó hacia la Central de Policía en reclamo del básico de $3.500 y el piso de bolsillo de $8.500.

Con advertencias de bajas, mandos policiales controlaron focos de protesta propagados en diferentes unidades y comisarías de la capital y el interior. Poco después, el gobernador Juan Manuel Urtubey anunció que el mínimo de bolsillo se elevaba a $6.500, sin tocar el básico y subiendo impuestos para costear esa mejora salarial. Con el ofrecimiento rechazado en una asamblea, la caída de la tarde encontró a la capital salteña con una nueva marcha. Esta vez, sin embargo, se veían muy pocos uniformados. La cúpula policial había desactivado el acuartelamiento. En la medianoche, con la tranquilidad ya recobrada, 200 gendarmes enviados por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, desembarcaban en Salta.

Jueves

En la madrugada del jueves, un amplio despliegue policial sorprendió a las barriadas de las Lomas de Medeiros. Un supermercado de la cadena Día había sufrido saqueos en la zona del Grand Bourg.

Otra rápida reacción policial terminó con seis adultos detenidos e imputados por robo calamitoso agravado. También intervino la Justicia de Menores, ya que entre los apresados hubo adolescentes. Volvió a confirmarse así que los saqueos, más que un problema de seguridad, exponen complejas radiografías de descomposición social y de un sistema educativo en crisis.

Aunque el amanecer de ese día había encontrado a la protesta policial mucho más debilitada que el día anterior, y con la posibilidad de un acuartela miento prácticamente descartada, el comercio salteño comenzó otra jornada con preocupación e incertidumbre. El saqueo al supermercado Día, en efecto, había calado hondo en un empresariado que, a pesar de una fuerte presencia policial en las calles y la garantías que transmitían funcionarios de Seguridad, no salía de su preocupación.

En ese clima de intranquilidad, hubo comerciantes que llegaron a sugerir en la Cámara del sector la idea de armar “brigadas” para defender negocios. Armados con palos, en celosas guardias, otros pequeños comerciantes y puesteros del mercado San Miguel habían tomado esa decisión desde tres noches antes.

Viernes.

A las 4 del viernes, la movilización que había comenzado la tarde anterior en Ituzaingó al 700 seguía detenida frente a la sede del 911, en Mitre y Ameghino. Allí, bajo lluvia, se había anunciado que el jefe de Policía, Marcelo Lami, dialogaría con los voceros. Esa instancia se cerró, la mañana del viernes, con el entendimiento final. El ofrecimiento del Gobierno fue aceptado a cambio de garantías de que ningún policía será sancionado.