La intervención que tuvieron los funcionarios judiciales de nuestra provincia durante la investigación del crimen del empresario español Miguel Moneo Simón queda necesariamente bajo la lupa a partir de que la Corte Suprema de Justicia ordenó un nuevo juicio y ordenó la liberación del último detenido que quedaba, Ceferino Paulino.

Ese trámite acerca el delito a la impunidad. Tal como informó El Diario, Paulino recuperó su libertad este viernes luego de que el máximo organismo judicial determinara que los vicios del proceso judicial hacían imposible una condena: se ordenó un nuevo juicio, en el que Paulino será acusado, pero en circunstancias que para él resultan mucho más favorables que las audiencias en que se lo condenó a perpetua.

El abogado de Paulino, Aldo Walter Díaz, aseveró que el papel de los magistrados que intervinieron en el proceso debe ser puesto bajo la lupa.

Cuando en www.radiokermes.com le preguntaron si esta decisión, a partir del planteo del procurador Eduardo Casal, podía rozar a los jueces, respondió: “Yo entiendo que sí, es un elemento gravísimo que puede pesar en contra de las personas que intervinieron en la investigación de los hechos. Es sumamente grave”.

La instrucción del caso la hizo Jorge Luis Howe, que ya se jubiló. Según explicó el propio Díaz, los integrantes de la Cámara que condenó a Paulino fueron Hugo Díaz (hoy en el Superior Tribunal de Justicia), Arturo Fresco y Carlos Vitale Novaretto.

El abogado recordó que “la doctora (Verónica) Fantini (Tribunal de Impugnación Penal) en oportunidad de fallar hizo algún comentario sobre la investigación y las distintas etapas de la instrucción. Había flancos para atacar y no hacían a lo que se entiende como el debido proceso penal”, señaló.

Díaz, al analizar la decisión, apuntó que “la Corte lo que hace es adherir al dictamen del procurador porque entendió que algunas de las declaraciones y pruebas en las que se sustentó el fallo se obtuvieron mediante apremios”.

Ante el juicio que viene “cambia todo el cuadro probatorio, por supuesto que la posición de Paulino es opuesta a la que sufrió durante el proceso anterior, en el que yo no intervine”.

“El planteo en alguna oportunidad lo hicieron otros abogados respecto del otro acusado y condenado, que salió libre de culpa y cargo”, recordó Díaz, para graficar la anomalía del proceso, en referencia a Miguel Ángel Roldán Pereyra, en su momento también condenado pero luego liberado.

De haberse hecho efectiva la condena a perpetua, Paulino tendría que haber pasado unos 35 años en prisión para obtener la libertad, calculó el profesional.

“No se pueden obtener pruebas por medios de apremios y esas pruebas se usen para un fallo”, es el argumento que integra la columna vertebral que decisión a la Corte a adherir al planteo del procurador.

Los apremios que se cometieron en ese marco se están investigando en General Pico. “No sé en qué estado se encuentra la causa contra (Sergio) Basconcelo, al que se le abrió una causa por apremios ilegales. Es una de las cosas que apunté en el recurdo extraordinario federal”.

-No es la primera vez que se tiene conocimiento de que se usen estos métodos. ¿Cuál fue la razón por la que en esta ocasión la Corte falló así? -le preguntaron en el programa PTT.

-El dictamen del procurador, que entiende que si las pruebas se obtuvieron por esos medios se trata de una sentencia nula, sin ninguna validez, porque se obtuvieron pruebas por medios ilícitos.

-¿Recuerda alguna decisión en ese sentido?

-No. Podría llegar a ser el Caso Canale (en ese caso en realidad la Corte señaló que no se tuvo en cuenta la “doble instancia”). Pero Ceferino estuvo 7 años detenido. Un fallo de esta naturaleza no recuerdo, con una condena de estas características, con un detenido 7 años en prisión, es la primera vez que se me da en toda la actividad profesional. Es la primera vez que me admiten un recurso extraordinario federal de los 8 o 9 que he planteado. De acuerdo a lo que se conversaba con Ceferino, no tenía nada que ver con este hecho. Se escuchó o se leyó en profundidad lo que planteamos.

El proceso

El cuerpo de Moneo Simón apareció enterrado en el campo “La Bolsa”, cerca de la ruta provincial 11, a pocos kilómetros de la localidad de Luan Toro, el 3 de marzo de 2006. Por el crimen fueron detenidos y condenados Roldán Pereyra y Oscar Paulino, ambos a “prisión perpetua”.

Moneo Simón, de 68 años, fue asesinado el 1º de diciembre de 2005 en el campo La Bolsa, ubicado sobre la ruta provincial 11, en proximidades de Luan Toro. Tenía golpes en la cabeza, en el rostro y presumiblemente fue estrangulado con una soga.

En diciembre de 2007, la Cámara en lo Criminal 1 había condenado a prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado a Paulino, socio del muerto, y a su primo, Miguel Ángel Roldán Pereyra. Durante el proceso, ambos se acusaron mutuamente.

A principios de 2009, el TIP desvinculó de la causa a Roldán Pereyra, lo liberó y estableció que no podría volver a ser juzgado por el mismo hecho.

Argumentó que el juez instructor, Jorge Luis Howe violó el derecho de defensa del imputado porque lo indagó -como sospechoso de cometer un delito- sin el acompañamiento de un defensor. En esa declaración, Roldán Pereira se autoincriminó al señalar el sitio donde estaba escondido el cuerpo de Moneo Simón. Previamente, había sido golpeado por la Policía.

En la misma resolución, el Tribunal de Impugnación ratificó la perpetua a Paulino por entender que, más allá de la nulidad de ese testimonio, existían otras pruebas incriminantes, entre ellas las declaraciones del productor Densi Antonio Andrada, dueño del campo y detenido en un primer momento, y el comisario inspector de la Policía de San Luis, René Sergio Basconcelo, quien aún tiene pendiente la investigación en la Justicia piquense por apremios y torturas.