La solicitud del juicio político se basa en el artículo 4 de la Ley 13, y en los artículos 137 y 138 de la Constitución Provincial. Tras la interpelación al ministro de Salud, Dr. Daniel Peralta, se conformó la Comisión Investigadora de la Administración Pública y en base a un informe del Tribunal de Cuentas, el jefe de bloque kirchnerista Rubén Contreras elevó el pedido para que se inicie el proceso.

El jueves mismo el vicegobernador Fernando Cotillo notificó al presidente de la Sala Acusadora, Miguel Güanes, quién convocó a los integrantes de la misma para el próximo miércoles 21 de agosto. Ayer, entrevistado por Tiempo FM, el diputado Güanes indicó que hay pruebas suficientes para que este mecanismo continúe”.

“Hay pruebas suficientes”- El Legislador de El Calafate explicó que esta medida corresponde a pasos administrativos. En este contexto agregó que se reunirán para analizar y observar todo lo actuado hasta el momento, y que para ello se debe realizar en una sesión secreta, “donde se sacará un dictamen para determinar si corresponde o no elevar todos estos cargos a la Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados”.

Al ser consultado si se resuelve llegar a esa instancia el Ministro quedaría suspendido en sus funciones, respondió que sí, “siempre que se tome una decisión positiva en esos términos, automáticamente el Ministro quedará suspendido en sus funciones hasta que la Sala Juzgadora determine los pasos a seguir”.

Ante la consulta sobre las razones del diputado Rubén Contreras para elevar el pedido indicó: “el Tribunal de Cuentas encontró varias irregularidades respecto a la administración de este Ministerio en particular y creo que hay pruebas suficientes para que esto continúe con el proceso que corresponde”.

En este contexto recordó que cuando se llevó a cabo la interpelación hubo muchos ítems que no se contestaron, sobre todo con lo que tiene que ver con el ingreso de personal a la administración pública que corresponden a esas áreas e inclusive en los listados figuraban en el área de cómputos 120 personas trabajando, “esto nos pareció muy excesivo”. Sostuvo que otra imputación tiene que ver con la contratación directa de empresas y una irregularidad con una cooperativa de Las Heras.

Antecedentes- Hay que ir hasta 1988 para otro antecedente de pedido de juicio político en nuestra provincia. Eran los convulsionados años de Ricardo Jaime Del Val, destituido también (1990) por esta herramienta prevista en la Constitución Provincial. El primero fue al ministro Amador Iglesias y en 1989 al ministro Pérez, quienes renunciaron antes en sus cargos, por lo que nunca se llevó adelante un juicio político propiamente dicho a un ministro en Santa Cruz.

Quiénes integran la Sala Acusadora

La Sala Acusadora, que tendrá que decidir la suerte del ministro Peralta, está conformada por doce diputados elegidos al inicio de cada período parlamentario. Se necesitan dos tercios en la votación para definir si debe iniciarse el juicio político con el funcionario, por lo que cobra importancia saber quiénes la conforman.

Los legisladores separados por inclinación política, son los siguientes:

FPV

Miguel Güanes; Rubén Contreras; Leonardo Alvarez; Estela García; Claudia Martínez; Jorge Páez; Silvio Suárez

PJ

Sebastián Gatti; Selsa Hernández; Martín Paiva; Alejandro Victoria

UCR

Estela Maris Bubola

Resta saber lo que hará el diputado por el Pueblo de Perito Moreno, Silvio Suárez, que ha votado de manera diferente según el tema tratado. En sus últimas intervenciones se lo ha visto cercano al kirchnerismo. La otra incógnita es la diputada de Caleta Olivia Estela Bubola (UCR), que viene siendo dura en sus cuestionamientos al Ejecutivo provincial, menos conciliadora que su par Héctor Roquel. Si estos dos legisladores votan por el inicio del proceso de juicio político, se llegará a los 8 diputados necesarios para activar a la Sala Juzgadora.