Creen que hay más víctimas de la red de prostitución infantil

Aseguran que las reclutaban en barrios de bajos recursos y ofrecían sus servicios sexuales a $100 en paradas de taxis.

A medida que pasan los días, más datos se van filtrando en el escándalo de la red de corrupción de menores destapado en Viedma, capital de Río Negro, donde habrían participado importantes personalidades de la sociedad local. Fuentes del caso indicaron a Clarín que se cree que hay más víctimas además de las seis chicas (de entre 13 y 15 años) que eran pasadas a buscar por el Centro de Ayuda para Menores de Viedma en una camioneta negra y llevadas a la chacra del juez penal Juan Bernardi. Se investiga si allí les ofrecían alcohol y les pagaban por sexo.

Las adolescentes habrían mencionado a por lo menos tres personas con sus nombres y apellidos. Ayer, personal especializado revisó una por una las memorias de los celulares de las víctimas en las que quedaron registradas imágenes de sus abusadores.

La teoría de los investigadores es que, además de las menores que declararon, hay otros casos que no fueron denunciados. Las niñas saldrían de los barrios más empobrecidos de Viedma y serían captadas en las paradas de taxis, donde en ocasiones se ofrecen a los pasajeros por 100 pesos.

Según las fuentes, existen dos expedientes en marcha y seis personas imputadas. En el primero figuran el empleado del Ministerio de Salud, Fabián Peralta, de 38 años, que se suicidó el viernes, el juez Bernardi y el encargado de su chacra, Julio Antueque.

En el otro expediente se incluyen otros tres adultos. Por otro lado, después de varios días de incómodo silencio, la clase política rionegrina salió a manifestarse en relación a la red de corrupción de menores. El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que el gobierno ya había tomado cartas en el asunto. "Se apartó al personal involucrado de Desarrollo y ahora es la Justicia la que debe actuar", señaló el mandatario. Pero no mencionó nombres ni cargos de los afectados.

Ayer, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizó una jornada de protesta en toda la provincia para que el ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, sea imputado en la causa y renuncie a su cargo. De su cartera dependía del Centro de Menores donde estaban las chicas abusadas.

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