Un abandono de la iniciativa podría costarles caro a los demócratas, ante el descontento que eso podría causar entre los más de 10 millones de votantes hispanos, cuya participación es cada vez más determinante en los procesos electorales norteamericanos.

"La comunidad latina de este país está empezando a sentir que hay varias promesas que no fueron cumplidas", señaló el responsable del área de legislación del Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), Raúl González, al sintetizar un diagnóstico extendido. La Casa Blanca asegura que se está trabajando. "Es el compromiso y eso es lo que hacemos", acotó Luis Miranda, vocero para la comunidad hispana de la sede gubernamental.

Pero tanto líderes de la comunidad hispana como quienes trabajan con inmigrantes indocumentados empiezan a albergar dudas de que este año pueda llegarse a un acuerdo legislativo. La intención es, sobre todo, tranquilizar a los casi 12 millones de personas que, de acuerdo con la información oficial, trabajan y viven en territorio norteamericano sin tener los papeles en regla, situación que las despoja de casi todo derecho.

Obama había prometido una "reforma integral" del sistema migratorio para su primer año de gobierno. Pero esa promesa ya quedó incumplida y la impresión creciente es que lo mismo ocurrirá este año. Las razones son varias. Por un lado, el desempleo en alza. Y es que, con más de 14 millones de norteamericanos sin trabajo -más del 10% de la población activa-, a los demócratas se les hace difícil pensar en mecanismos de regularización para trabajadores extranjeros.

Obama había dicho durante la campaña que estaba dispuesto a abrir una puerta, pero que "en ningún momento" podría pensarse en una "amnistía automática", sino en un proceso en el que el inmigrante irregular tendría que poner mucho de su parte.

Señal

Pero, semanas atrás, hubo una señal clara del escalón en el que la Casa Blanca coloca ahora el tema. Al fijar su agenda en el discurso sobre el Estado de la Unión, Obama apenas utilizó 30 segundos -de una intervención de 90 minutos- para referirse a la cuestión. Y aludió a ella sin mencionar de modo expreso el término "reforma migratoria".

Y es que, junto con el desempleo, el otro frente que conspira contra la reforma es el estallido y crecimiento de una fuerte protesta popular de corte conservador -amparada por el denominado Tea Party-, que, en su ideario, entre los temas que reclama con más ímpetu es que haya trabajo para los norteamericanos. Y, con un tono populista, exhibe poca simpatía para los trabajadores extranjeros.

"Cierre de fronteras", "Más control para la llegada de extranjeros" y "Este es un país en el que se habla inglés" suelen ser algunos de sus lemas.

"El presidente ha dicho que la Casa Blanca da todo su apoyo a una reforma. Pero lo cierto es que no vemos entusiasmo", dijo la hermana Carmen Murillo, una misionera que trabaja con hijos de inmigrantes irregulares en la Iglesia de la Sagrada Concepción, en el distrito de Maryland.

De acuerdo con datos oficiales, hay 11,7 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, lo que representa un 4% de su población total. La mayoría de ellos -más de la mitad- son de origen mexicano.

Los argentinos no figuran entre las colectividades latinas con fuerte presencia de indocumentados. Aunque últimamente la prensa local se hizo eco de la dramática situación de dos hermanos mendocinos que, en la desesperación por lograr los papeles, se volvieron informantes policiales. Y ahora viven con miedo, por las amenazas que reciben de sus vecinos.

"Es que se ha vuelto tan difícil conseguir papeles que la única forma que se nos abrió para acceder a los documentos fue que nos volviéramos informantes de la policía; así la Oficina de Migraciones no nos molestaba más. Pero ahora, con el desempleo que hay, ni eso ya alcanza", dijo a La Nacion Analía Maya, una de las personas afectadas por la situación.

Escenario complicado

"El debate de la cuestión migratoria venía más o menos bien. Pero varias situaciones han convergido para virtualmente trabarla", dijo Antonio Carabelas, un abogado que asesora a trabajadores irregulares.

En el nuevo escenario de complicación, el letrado enumeró, primero, el debate de la reforma sanitaria, "que acaparó mucho tiempo e instaló la duda de qué hacer con los trabajadores indocumentados". Luego, el triunfo electoral republicano en Massachusetts y, en medio, el surgimiento de la protesta del Tea Party, que clama contra la regularización de extranjeros. "Son demasiadas presiones juntas", estimó Carabelas.

Desde otro costado, también se apunta que un abandono de la iniciativa podría tener un impacto electoral adverso para los demócratas en las elecciones legislativas de noviembre, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y el Senado y se elegirán 38 gobernadores.

"Lo que hará la Casa Blanca es sumar su apoyo cuando el Congreso llegue a un acuerdo", dijeron a La Nacion fuentes familiarizadas con la disputa. Pero ese entendimiento no parece cercano.

Escaldada por el fracaso que, hace dos años, tuvo un trabajoso proyecto de reforma, la vocera demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi, dejó clara su posición de que ese cuerpo no avanzará en nuevos esfuerzos hasta que no haya un panorama claro en el Senado, que es donde la cuestión está más trabada.

Allí, las figuras clave son los senadores Chuck Schumer (demócrata, Nueva York) y Lindsey Graham (republicano, Carolina del Sur), quien -más allá de un llamativo incidente en septiembre, cuando acusó de "mentiroso" a Obama- demostró tener voluntad de trabajo en la materia. Algo que no se ve últimamente en el bloque republicano, donde la estrategia del momento -y de cara a las elecciones-parece ser oponerse a todo.

Hay quienes aseguran haber escuchado de Schumer la posibilidad de que se alcance un acuerdo en abril próximo. Pero muchos lo ponen en duda.