En declaraciones a radio Libertad, y ante una consulta sobre la proliferación de casas de créditos que aprovechan los códigos que les aseguran el descuento de los préstamos directamente de los haberes de los empleados públicos, Canteros recordó que “esto se inicia hace aproximadamente 15 o 20 años cuando el Banco del Chaco en ese momento era la única opción que tenían los empleados públicos, es decir municipales, docentes, policías y empleados de los tres poderes del Estado”.

“Estas seudo cooperativas empezaron a facilitar dinero a corto plazo, sumas pequeñas y con intereses, en ese momento, más bajos que los de las entidades crediticias y fundamentalmente más bajos que los del Banco del Chaco”, explicó.

“Eso fue lo que motivó que cuando no se le diera, por el Poder Ejecutivo, códigos de descuento a algunas de estas empresas, a las primeras que aparecieron, algún juez de primera instancia hizo lugar a la primera cautelar, señalando que esto era injusto (que se pretendiera quitar los códigos de descuentos) porque cobraban menos de lo que cobraban las instituciones de crédito y, en definitiva, iban a hacer circular una masa de dinero y esto aparentemente le convenía al empleado público porque iba a pagar menos dinero de lo que pagaba en la propia banca oficial, y así aparecieron estas compañías de préstamos”, recordó Canteros.

“Hoy la realidad que tenemos es que un alto porcentaje de los empleados públicos están endeudados con estas cooperativas, con tasas mucho más altas que las que cobra el Banco del Chaco y hay gente que tiene su sueldo comprometido y cada vez está más endeudado”, dijo.

“Hoy estas cooperativas, de verdad, están destruyendo al empleado público”, advirtió.

Al ser consultado sobre la actuación del actual juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Luís Antonio Martínez, que cuando se otorgaron los polémicos códigos de descuentos a algunas cooperativas se desempeñaba como secretario general de la Gobernación en la gestión de Roy Nikisch, y luego, como juez, integró la Sala que otorgó el amparo a esas cooperativas para que pudieran seguir otorgando préstamos y cobrando altas tasas, Canteros dijo que “no lo veo como una contradicción en su línea de pensamiento; al contrario, me parece que ha sido coherente.”

“Si aquella vez otorgó las autorizaciones para los códigos de descuentos, hoy entiende que esas cooperativas, en contra de lo que plantea el defensor del Pueblo, deben seguir funcionando”, razonó Canteros.

Recordó, por otra parte que Martínez “nunca formó parte de las firmas del Ejecutivo”. “Fue secretario general de la Gobernación, un cargo técnico que tiene a su cargo todo lo que significa el movimiento de la Gobernación. No creo que haya una firma suya (para habilitar) los códigos de descuento, porque entiendo que eso estaba limitado al gobernador, y al ministro de Economía que, si mal no recuerdo, era el contador Dell’Orto”, señaló.

“Me cuesta mucho cuestionar públicamente el fallo del doctor Martínez sin conocer el caso puntual. No conozco cuál es el nombre de la cooperativa o la compañía financiera a la que el favorece con ésta decisión. Además, aclaro que Martínez no es juez de ningún tribunal unipersonal; integra una sala de la Cámara Contencioso Administrativa que tiene cuatro jueces, y está dividida en dos Salas”, explicó el procurador.

“Martínez habrá firmado este fallo con sus compañeros de sala. Una cautelar es una medida que no es una decisión de fondo, que puede ser revocada en cualquier momento y que seguramente va a venir al Superior Tribunal de Justicia. Seguramente va a pasar por mis manos esto, en algún momento, lo que me impide emitir una opinión acerca del tema puntual”, señaló.

“La decisión que tomó la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa no tiene la fuerza ejecutoria de una decisión judicial como cosa juzgada. Todavía es pasible de recurso”, explicó.