Carlos Pisoni, miembro de la agrupación HIJOS y luego subsecretario de Promoción de Derechos Humanos nacional, había presentado en 2009 una acción de amparo contra el Gobierno porteño porque consideró que se trataba de un “elemento de tortura”.

En marzo de 2015, el Superior Tribunal de Justicia porteño lo rechazó, entre otros fundamentos, porque no se había demostrado daño concreto y aún restaba definir un protocolo de utilización.

Ahora, frente a los términos de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad respecto de que no se estaba frente a un agravio actual del demandante, la Corte Suprema de la Nación se inclinó por no to- mar intervención con arreglo al art. 280 del Código Procesal, según el Centro de información Judicial.

El tema desató una pelea entre Nación y Ciudad, entonces encarnadas por el kirchnerismo y el macrismo respectivamente, hasta que en abril el Gobierno porteño desistió de la adquisición de las armas en cuestión. Ayer fuentes oficiales porteñas ratificaron a Clarín que, más allá de la decisión de la Corte Suprema, no está en los planes ni en el presupuesto comprar las pistolas Taser.