La Corte de Justicia de la Provincia dio lugar al recurso de amparo presentado por el intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, para dar marcha atrás con la nueva reglamentación del uso de las regalías mineras. De esta forma, el decreto del Ejecutivo provincial, que establecía que las regalías mineras de los municipios debían pasar por una comisión que analizaría los proyectos que envíen las comunas para poder hacer uso de las partidas, quedó paralizado. Con esta situación, los intendentes volverán a tener la potestad de hacer uso de estos fondos sólo con el control del Tribunal de Cuentas.

Con la cautelar en vigencia, el máximo tribunal deberá expedirse sobre la cuestión de fondo del conflicto, que es declarar o no la inconstitucionalidad del decreto.

La Corte tomó esta decisión luego de que en el mes de abril el intendente radical, patrocinado por los abogados Víctor Quinteros y Jorge Brizuela, presentara un planteo de inconstitucionalidad del decreto 202/13 (ver aparte) que reglamenta el artículo 5 de la ley de Regalías Mineras. Asimismo, el intendente y sus abogados presentaron un recurso de amparo para que se suspenda el decreto provincial hasta tanto la Corte resuelva la cuestión de fondo.

El argumento de la presentación judicial era que la nueva reglamentación violaba las garantías constitucionales de los municipios.

CUESTIÓN DE FONDO

Con la cautelar en vigencia, la Corte deberá expedirse si el decreto es o no inconstitucional. Para eso deberá correr traslado al Ejecutivo provincial para que exprese su postura al respecto.

Decreto polémico

El decreto 202/13 reglamenta el artículo 5 de la ley de Regalías Mineras N° 5128. Dicho artículo hace referencia a cómo y en qué deberán usar los distintos municipios de la provincia los fondos de regalías mineras. En ese sentido, el artículo señala que los fondos se usarán para obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas.

La reglamentación prevé que para el uso de los fondos de regalías, los municipios deberán remitir proyectos a la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo para su tratamiento y evaluación antes de su ejecución.

La oposición cuestionó la reglamentación. Sin embargo, con el decreto en vigencia, varios intendentes presentaron proyectos a la Unidad de Gestión.