Sendas resoluciones fueron firmadas por los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni el 18 de diciembre. En disidencia, en ambos casos, votó Enrique Petracchi.

Estas medidas todavía no fueron notificadas al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, dijeron al ser consultadas fuentes judiciales. Este deberá firmar en los próximos días una nueva resolución para encarcelarlos.

Los jueces de la Corte resolvieron "dejar sin efecto la sentencia apelada", que los había beneficiado con la prisión domiciliaria. "Notifiquese y devuélvanse los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte una resolución con arreglo la presente", pidieron.

Las prisiones domiciliarias fueron solicitadas por el abogado Hernán Vidal, en 2011. Este defensor expresó que tenían más de 70 años de edad y que les correspondía ese derecho.

Inicialmente, a principios de 2011, los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa sostuvieron que Fiorucci y Aguilera no debían cumplir sus penas en sus casas porque, entre otros argumentos, era altamente probable que se fugaran.

Frente a las apelaciones del abogado Vidal, la Cámara Federal de Bahía Blanca también les negó esa posibilidad. El caso, entonces, fue a la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal. Por mayoría, a fines de marzo de 2012, dio la orden de darles la libertad domiciliaria. Y ahora resolvió la Corte, quien respaldó la decisión inicial del tribunal pampeano.

El 16 de noviembre de 2010, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó a un militar, Néstor Greppi (edecán del ex presidente Raúl Alfonsín), y cuatro comisarios pampeanos, Roberto Constantino (quien posteriormente falleció), Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart, a veinte años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos en la llamada Subzona 14.

Las otras condenas fueron para Athos Reta, por doce años; Néstor Cenizo, por catorce años; Oscar Yorio, por doce años; y Hugo Marenchino, por ocho años.

Ahora, estos mismos represores fueron procesados, también por delitos de lesa humanidad. Esta vez, por secuestros y torturas a otro grupo de personas.