La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer al gobierno porteño que facilite la escrituración de las viviendas que un grupo de vecinos adquirió hace 20 años, a través de un proyecto de la ex Comisión Municipal de la Vivienda.

El fallo del máximo tribunal, que difundió la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, obliga al gobierno local a permitir que la operación se formalice "a un precio justo, teniendo en cuenta las erogaciones económicas que se registran desde 1993", fecha en que se realizó la compra de las viviendas.

Los vecinos habían presentado una acción de amparo contra el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y contra el gobierno porteño, con el objetivo de que "se diera inmediato cumplimiento a lo normado por la ley Nº 2033".

Esa norma que aprobó la Legislatura porteña en 2006 había creado un registro destinado a inscribir a los deudores de las cooperativas de vivienda y a facilitar acuerdos para la cancelación de las deudas pendientes con esas organizaciones.

Ahora la Justicia, tras cuatro fallos favorables al planteo de los vecinos, obliga al gobierno porteño a cumplir con esa ley.

Los damnificados reclaman la titularidad dominial de los complejos habitacionales de la calle Chile 252 (48 viviendas) y de la avenida Avellaneda 4040 (44 departamentos), construidos en el marco del proyecto Terreno, Proyecto y Construcción.

El proyecto era de la entonces Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), hoy Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), y de cooperativas vinculadas a las empresas constructoras bajo la licitación pública 17 de 1993.

INFORME

La operatoria estaba destinada, según un informe de la Defensoría del Pueblo porteña, a "resolver el déficit de vivienda de sectores de recursos medios y medios bajos, poniendo a su alcance unidades habitacionales de similares características a las que se ofrecen en el mercado privado, pero a precios más accesibles y con una financiación acorde con las necesidades del sector al que iba dirigido".

El mecanismo establecido consistía, en la mayoría de los casos, "en la participación de las cooperativas en un 10% del costo del edificio a construir juntamente con la entonces comisión municipal, quien aportaba el 90% del costo mencionado con fondos provenientes del Fondo Nacional para la Vivienda [Fonavi]".

Fuentes de la Procuración del gobierno porteño indicaron que aún no habían sido notificados del fallo. Sin embargo, explicaron que la intención es acatar la sentencia y dar intervención a la Escribanía de gobierno para que los vecinos puedan regularizar su situación..