En un paso que obligará a la Nación a expresarse y sentar un importante antecedente, la Corte Suprema de Justicia le corrió traslado a la Procuración del Tesoro nacional para que, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fije su posición sobre el motivo de esta demanda que hace tres años presentó el abogado Miguel Palazzani, que es la afectación de derechos colectivos por la imposibilidad del acceso al agua y a un medio ambiente sano.

"No se qué va a decir el Estado nacional, pero lo importante es que es la primera vez que la Justicia consulta al Estado federal para que emita una opinión respecto al daño ambiental que Mendoza ha causado a La Pampa por el corte del río Atuel", explicó el abogado santarroseño Andrés Gil Domínguez, patrocinante legal del amparo, en una comunicación telefónica con LA ARENA. "Es un paso muy significativo y muy importante en esta causa", subrayó.

Corriéndose de su rol profesional, el abogado estimó que si la Secretaría de Ambiente de la Nación "sigue la línea que ha marcado el kirchnerismo, su intervención será favorable a La Pampa", que viene exigiendo la llegada a territorio pampeano de un caudal fluvioecológico de 3 a 5 metros cúbicos por segundo.

"No se qué va a decir la Secretaría, pero va a tener que pronunciarse, dar una respuesta, un si o un no, y lo importante es que por primera vez el Estado nacional va a intervenir en esta demanda", reiteró Gil Domínguez. Esa intervención puede ser favorable para la demanda que el Estado pampeano planea realizar a Mendoza y, eventualmente, a la Nación por el pasivo ambiental, social y productivo que sus acciones dejaron en territorio pampeano.

Por tratarse de una acción de amparo, el gobierno nacional tiene cinco días hábiles para concretar el pronunciamiento. "Es una señal muy positiva de que la Corte Suprema le está dando trámite a nuestro amparo", reflexionó Gil Domínguez.

Por su parte, Miguel Palazzani comentó que "me parece que la Corte Suprema va camino a emplazar definitivamente a Mendoza a que conteste esta demanda". Palazzani es el abogado santarroseño que en 2010 promovió el amparo ambiental a la luz de los derechos colectivos consagrados por la reforma constitucional del año 1994. "Era el paso procesal que se esperaba para que avance la causa", acotó el profesional desde Bahía Blanca, donde se desempeña como fiscal en la Cámara de Apelaciones del fuero federal con sede en esa ciudad.