Un proyecto de ley orientado a regular las relaciones entre el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Legislativo brasileño abrió ayer una tensa situación que algunos analistas no vacilaron en calificar como el preámbulo al mayor conflicto de poderes desde la reinstitucionalización del país, en 1985. La propuesta del diputado oficialista Nazareno Fonteles otorga al Congreso la facultad de modificar decisiones de la Corte relativas a la constitucionalidad de proyectos de enmienda a la Carta Magna, lo que en la práctica significaría, según la opinión de la corporación judicial, que en esos casos el STF dejaría de ser la máxima instancia.

El proyecto del diputado del Partido de los Trabajadores (PT) superó ya la primera valla, al ser aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia, y generó la protesta del presidente de la Corte, Joaquim Barbosa, quien desde Estados Unidos dijo que la aprobación de la enmienda afecta el principio de separación de poderes y "debilitará a la democracia". La separación de poderes, agregó, "forma parte del derecho de la ciudadanía e integra un conjunto de mecanismos constitucionales con los cuales un poder neutraliza los abusos de otros", agregó.

Otro miembro de la Corte, Gilmar Mendes, tildó de "inconstitucional" la propuesta de Nazareno y dijo que, si llega a ser aprobada, "será mejor cerrar el STF". La nueva ley sugerida por el diputado del PT es consecuencia de la tensa relación entre el STF y el Congreso, que se acusan recíprocamente de violar el principio de independencia de los poderes.

El mayor factor de roce se desarrolla en torno a la decisión de la Corte de ordenar el desafuero de tres diputados condenados el año pasado por vínculos con el "mensalao", un caso de corrupción que salpicó en 2005 al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Pese a que la ley brasileña prevé el desafuero para los legisladores condenados, el fallo –que afecta a los mandatos de los diputados José Genoíno y Joao Paulo Cunha, del PT, Valdemar Costa Neto, del Partido de la República, y Pedro Henry, del Partido Popular– fue interpretado en el Congreso como una injerencia de la Corte. Luego del anuncio de la decisión, el entonces presidente de Diputados, el petista Marco Maia, sostuvo que sólo el Congreso tiene el poder de despojar a uno de sus integrantes del mandato obtenido en las urnas, y que el STF no puede "invadir un campo que es del ámbito del Legislativo".

El proyecto de Nazareno enfrentó el rechazo automático de los legisladores de oposición, que pidieron al STF que impusiera una medida cautelar que prohíba la tramitación del texto. El caso es analizado por el juez Antonio Días Toffolli –uno de los 11 miembros de la Corte–, quien ayer intimó al Congreso a que en un plazo de 72 horas explique la propuesta aprobada en la Comisión de Constitución y Justicia.

Por su parte, el titular del Senado, Renán Calheiros, lanzó una advertencia al STF, y dijo que "del mismo modo que no intentamos influir en el Poder Judicial, no aceptamos injerencias y consideramos una invasión" las recientes medidas del Supremo. «

Dpa, Efe

un debate suspendido por una cautelar

En los últimos meses, el Congreso y la Corte viven de desencuentro en desencuentro. El más reciente surgió esta semana, cuando el tribunal dio lugar a un pedido de fuerzas minoritarias y ordenó al Senado que suspendiera la consideración de un proyecto de ley que limita el acceso de los partidos recién creados o sin representación parlamentaria, tanto a los subsidios del Estado como al uso de los espacios de radio y televisión.

La respuesta del Congreso no se hizo esperar. El abogado general del Senado, Alberto Cascais, y el cuerpo de letrados del Poder Legislativo señalaron que "la decisión de abortar 'ab initio' (desde el comienzo) el proyecto de ley, implica el cese del poder de deliberación del Parlamento, que es el baluarte de la democracia, no sólo en Brasil sino en todo el mundo democrático. La violación es tan grave que pone en riesgo la propia estabilidad de las instituciones democráticas consolidadas a partir de la Constitución de 1988." Los abogados pidieron que reconsidere la medida cautelar y se restablezca el proceso legislativo.