Si la Corte declara admisible el recurso, pedirá la opinión del Procurador General de la Nación, para después expedirse sobre el fondo del asunto.

Voceros judiciales recordaron que en líneas generales, la Corte Suprema no interviene sobre medidas cautelares -como es el caso- ya que no configuran sentencias equiparables a definitivas.

Pero, según las fuentes, en este caso la Corte podría rechazar la admisibilidad del recurso si no cumple con los requisitos formales y decidiría tratarlo si considera que existe un gravamen institucional en el caso.

Días atrás, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal hizo lugar a un planteo del Grupo "Clarín" y confirmó la suspensión de la aplicación de un artículo de la Ley, que se refiere a que las empresas deben desprenderse en el plazo de un año de sus señales si exceden el límite fijado por la norma.

Ambos planteos, si bien persiguen la suspensión de la aplicación de la Ley, son de distinta naturaleza.

El que está en la Corte es porque el diputado del peronismo federal Enrique Thomas cuestionó el procedimiento por el cual el Congreso sancionó la norma.

En cambio, el expediente por el cual la Cámara Civil y Comercial falló contra el Gobierno, es porque el Grupo Clarín plantea, sobre todo, un detrimento en su situación patrimonial al tener que desprenderse de algunas de sus señales, para así sí adecuarse en el plazo de un año a la Ley.

El fallo de la Cámara Federal de Mendoza es una confirmación de la resolución de primera instancia de la jueza Olga Pura De Arrabal, a raíz de la presentación del diputado Thomas, cuestionando el procedimiento llevado a cabo en el Congreso por el cual se sancionó la ley.

El 25 de marzo pasado, los jueces Otilio Romano y Alfredo López Cuitiño, fallaron contra la Ley al considerar que "aparecen vicios de ilegitimidad" en el proceso de sanción de la Ley.