La Corte Suprema de Justicia definirá en las próximas horas su posición frente a la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura en simultáneo a la de cargos electivos, tras el fallo a favor a favor de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

La procuradora dictaminó ayer que la nueva integración y el modo de elección dispuesto por el gobierno en el marco del llamado Plan de Democratización de la Justicia son “constitucionales”, razón por la que pidió al Máximo Tribunal, que acepté el “per saltum”, solicitado por el gobierno.

De esta manera, la Corte se encuentra en condiciones de manifestarse rápido sobre la situación, más en una fecha cercana a la de presentación de candidatos para las próximas elecciones, inclusive, las de aspirantes a integrar el futuro Consejo de la Magistratura.

Según Ricardo Lorenzetti, el Máximo Tribunal se iba a expedir “de inmediato”, apenas estuviera en condiciones de hacerlo, en un momento en el que diferentes sectores toman parte sobre el asunto, al que se suman colegios de abogados que en su mayoría se manifiestan en contra de la ley sancionada por el Congreso.

Por su parte, Gils Carbó, sostuvo ayer en su dictamen que la nueva norma “reglamenta el artículo 114 de la Constitución” que trata sobre el Consejo de la Magistratura y lo hace “de un modo más coherente y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno”.

Asimismo, la procuradora cuestionó el fallo de la jueza María Servini de Cubría, conocido la semana pasada, tras la presentación del Colegio Público de Abogados y la Democracia Cristina. “Tiene una visión más restringida de la democracia y se funda en la representación de intereses sectoriales”, argumentó.