“En lugar de tratar de resolver la problemática social, el Gobierno nacional y el porteño decidieron acabar con la ocupación reprimiendo”, sostuvo la Corriente del pueblo para recordar que 15 minutos antes del operativo “se lo podía escuchar al Ministro de Espacio Público porteño, Diego Santilli, diciendo que era un operativo valioso, prolijo y conjunto entre la Federal, Gendarmería y la Metropolitana”.

“El saldo de la brutal represión nos muestra claramente la efectividad buscada, al igual que en Jujuy y toda la región del NOA el escenario ante las ocupaciones de tierras y el déficit habitacional es recurrir a la represión, aquí no siempre se pone en servicio a las fuerzas represivas convencionales y a menudo nos encontramos con que la violencia es ejecutada por grupos mercenarios, que funcionan bajo la oferta y la demanda, reciclándose a través de ‘organizaciones sociales’”, añadió.

Reflexionó que el aumento de la violencia contra poblaciones campesinas e indígenas y en barriadas populares de los centros urbanos puede observarse a partir de algunos indicadores: mayor presencia en los operativos de desalojo de Gendarmería, grupos especiales y guardias privadas; aumento de asesinatos y heridos graves en conflictos de tierra; creciente despliegue de operativos nocturnos para detenciones; aumento de casos de acciones policiales sin orden judicial en conflictos de tierra y operativos conjuntos entre “organizaciones sociales” y fuerzas de seguridad.

También mencionó la “creciente criminalización de las familias campesinas y persecución e intimidación a referentes sociales en zonas urbanas”.

“Desde estas experiencias vividas en el Noroeste Argentino, y sistematizadas particularmente en Jujuy es que acompañamos a las familias de las víctimas, y desde la distancia nos ponemos a disposición”, expresó.