El gobernador, Alfredo Cornejo, sigue dispuesto a hacer “cambios de fondo”. Así lo ha dicho y repetido, poniendo como ejemplo leyes que ha impulsado, en especial ligadas a la seguridad y la Justicia.

Ahora, su equipo se ha volcado de lleno a promover cambios en la normativa de los trabajadores del Estado.

Empezará esta semana con el Estatuto del Docente, principalmente en todo lo relacionado con el ítem Zona, tras el fracaso paritario de la semana pasada, por la negativa del SUTE a reestructurarlo.

Y seguirá en 2018 con fuertes cambios en el Estatuto del Empleado Público (administración central y ministerios), el que, a su criterio, “merece una actualización” ya que fue redactado hace 44 años. Allí planea “fortalecer la carrera administrativa”, aunque también busca cambiar el escalafón de clases de los agentes estatales (ver aparte).

El miércoles pasado, luego de cuatro reuniones, el SUTE y el Gobierno reconocieron que la paritaria por el “ítem Zona” había fracasado.

La idea del Ejecutivo era buscar la forma de pagarles a 16 mil docentes viejas deudas (siempre aclarando que habían sido contraídas por gestiones anteriores) por el derecho otorgado a percibir ese ítem, pero nunca abonado.

“Nos comprometimos a pagar casos judicializados con y sin sentencia y  también los que están en sede administrativa”, dijo el Gobierno, que destinó 700 millones de pesos a ese fin.

Pero al llevar a la paritaria la propuesta, la acompañó con un planteo de modificación del criterio actual de las zonas. 

Allí, además del nuevo formato, pedía que la comisión mixta que define las zonas abandonara esa tarea. En esa comisión, el gremio tiene igualdad numérica con el Gobierno (cuatro miembros cada uno). Por eso -votación de plenario mediante- el SUTE consideró “extorsiva” la propuesta y la rechazó.