Un gobernador que se apoya constantemente en la mirada del ciudadano común”, dijo Alfredo Cornejo sobre el final de su discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura.

Y así parece, al menos por el tenor del principal anuncio que hizo en ese mensaje: en las próximas horas remitirá a la Legislatura un proyecto de ley para obligar a los presos a trabajar mientras estén cumpliendo condena.

Más aún, la intención es que los beneficios a los que accedan los internos de los presidios mendocinos, como reducción de penas o salidas transitorias, estén atados a ese desempeño laboral.

Durante una hora y cuarto Cornejo, lanzó sus latiguillos de “buen administrador”, hizo un recuento de su año de gestión y lanzó algunas propuestas para este año. Dijo que el “ítem Aula” ha sido un éxito porque la cantidad de licencias pedidas por los docentes se redujo un 40% y que el ausentismo de maestros de la escuela estatal se ubicó en el 5%, el mismo porcentaje que las privadas.

Pero el anuncio que más llamó la atención y que más polémicas desatará es la del trabajo de los presos. De hecho, ayer mismo, desde la oposición la senadora María José Ubaldini (FpV), indicaba que el trabajo dentro de los penales está reglamentado por la ley de ejecución de la pena, la 24.660, y que en el artículo 110 se asevera que no se coaccionará al interno a trabajar.

La polémica está en puerta, otra vez garantismo y mano dura volverán a escena con la propuesta del gobernador Cornejo: “Queremos terminar con las cárceles de ‘máxima ociosidad’, donde la permanencia inactiva de los presos en el penal se convierte en un privilegio”, dijo.

Luego cargó sobre sus adversarios de la mano blanda: “La jurisprudencia conocida como ‘garantista’ hizo que hasta ahora la ley fuera el piso de los derechos para las personas privadas de la libertad: cada vez se les otorgó más y más ventajas, de manera que el trabajo dejó de ser una obligación y se convirtió sólo en una opción”.