Entre los rituales de la democracia se cuenta el inicio del año judicial. Ayer las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial se vieron las caras oficial y públicamente después del cruce tenso de fines del año pasado, cuando una parte de la Suprema Corte emitió un fallo que desató la ira en Casa de Gobierno. Hubo dos discursos: uno del presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, y el del gobernador Alfredo Cornejo. El dato es que Cornejo tuvo un gesto hacia el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González.

En realidad fue una de cal y una de arena para con el procurador González, funcionario encargado de coordinar la tarea de los fiscales como investigadores de los delitos. El Gobernador dijo que no había buenos resultados en la persecución criminal, pero inmediatamente aclaró que “no es de ninguna manera responsabilidad del procurador del Ministerio Público que no alcancemos los mejores resultados. Muy por el contrario, el procurador ha hecho un gran trabajo”.

Podría considerarse un aval político al funcionario, que también cuestionó aquel fallo y está en el centro de sutiles presiones de una parte de la Suprema Corte.

La historia nace en una sentencia que se conoció horas antes de la Navidad pasada. Firmada por los supremos Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo y Julio Gómez, venía a resolver un amparo presentado por la organización de derechos humanos Xumek, por las condiciones de detención de muchos presos mantenidos tras las rejas con prisiones preventivas “irregulares” porque no fueron convalidadas por un juez de garantías.

El fallo indicaba que los fiscales deberán informar a los jueces de Garantías dentro de las 24 horas de producida alguna detención y estos tendrán otras 24 horas para resolver si corresponde o no mantener en prisión al detenido. Además, ordenaba regularizar, en el plazo de 60 días, la situación procesal de más de 800 personas detenidas sin orden del juez competente.

El fallo enojó al Ejecutivo, pero la decisión estaba destinada a González. Es que supuestamente los subalternos del procurador geneal detienen gente sin dar intervención a un juez competente. Entonces, la furia del gobernador Cornejo intervino en una puja silente del Poder Judicial. El procurador González, rápido de reflejos y aprovechando la ira oficial, recurrió la decisión y pidió que fuera la Corte Suprema de la Nación la que tomara la decisión definitiva. De esa forma, el fallo quedó suspendido.