A dos días de las elecciones que definirán (o comenzarán a definir) al próximo presidente argentino y a seis de iniciar una gira exploratoria de una semana por Estados Unidos, en busca de financiamiento e inversiones, el gobernador electo Alfredo Cornejo estudia la posibilidad de que Mendoza salga a colocar un bono internacional sin tener que requerir la autorización previa del Gobierno nacional. 

El 'ideólogo' de la iniciativa es el diputado nacional por la UCR Enrique Vaquié. “Es mi opinión que un bono sin garantías (de coparticipación o regalías) no necesita la autorización del Ministerio de Economía”, afirmó.

Estimó que los trabajos para la emisión pueden llevar “más o menos cuatro meses”, lo que permite especular con una fecha tentativa de emisión hacia abril del año entrante. No obstante, aclaró que sólo podrá concretarse “una vez que la macroeconomía de Argentina se reacomode”.

“No hay ninguna norma expresa que fije autorizaciones para cuando se quiera sacar afuera las emisiones”, subrayó Vaquié, quien destacó que estos permisos nacionales comenzaron con Domingo Cavallo. 

El artículo 25 de la ley 25.917 sobre el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal establece que “los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio de Economía y Producción, el que efectuará un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley”.

Por lo tanto, Vaquié interpreta que el hecho de obviar las 'garantías y avales' libera a las provincias del pedido de autorización. No obstante, se muestra partidario de “coordinar las fechas de emisión con la Nación y con otras provincias”, a fin de no pagar sobretasas. Pero destaca que “coordinar no es tener que pedir autorización”.

El peso de los antecedentes

“Veo bien la propuesta de Vaquié”, respalda Cornejo. “En lugar de las garantías necesitamos explotar la ventaja de que Mendoza nunca cayó en default y que está fuera de la cláusula Griesa”, enfatiza. Se esperanza en conseguir tasas más bajas que las del propio país, explicando a los inversores la realidad particular de Mendoza dentro de Argentina. Claro que -acto seguido- repite que está “muy preocupado por la situación financiera de la provincia”.

No obstante, la posibilidad de emitir un bono sin garantías de coparticipación o de regalías tiene una mirada muy diferente desde el justicialismo. 

“Cuando nosotros lo intentamos lo debimos descartar porque la ausencia de garantías nos disparó la tasa a niveles inconvenientes”, afirmó un ex ministro que participó de una de las dos últimas gestiones del justicialismo. 

Vaquié se mostró particularmente duro con las administraciones del PJ, de las que llegó a decir que “destrozaron la provincia en los ‘90 y ahora volvieron a destruirla”. Las responsabilizó por la pérdida de los bancos provinciales, inclinado a considerar que hubiera sido mejor la permanencia de un agente financiero provincial propio a la realidad actual de tener que renegociar periódicamente la condición con el Banco Nación. 

Con relación a las objeciones al hecho de que el nuevo bono se someta a una jurisprudencia extranjera, Vaquié le resta entidad: “Mendoza es una persona jurídica independiente (de la Argentina) y por eso no tuvo problemas cuando reestructuró el (Bono) Aconcagua y lo transformó en el Mendoza 18.

Los juicios que tuvimos en Nueva York en 2004 y 2005 los ganamos en primera y segunda instancia y dieron lugar a fallos firmes en Estados Unidos que hoy permiten pagar sin problemas cada semestre los cupones del Mendoza 18. Emitiríamos un nuevo bono mendocino que no será embargable”, remarcó.