La disposición 1609 de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes publicada ayer en el Boletín Oficial confirmó el adelanto de Los Andes del 16 de julio pasado: el Gobierno tercerizará el cobro de los aranceles que adeudan las obras sociales -principalmente el Pami- y las ART a los hospitales públicos y también las multas por infracciones a la ley de tránsito.

El lunes 3 de octubre se abrirán los sobres de formalidades y propuesta, es decir el sobre número uno con la oferta de cada empresa de cobranza interesada. Ese mismo día se deberá entregar el “sobre dos”, con la cotización del servicio.

Aunque en los hospitales las autoridades vienen remarcando que mantendrán sus facultades de cobranza, la resolución publicada ayer habla claramente de “la contratación del servicio de gestión y asistencia técnica y logística” con vistas a “gestionar eficazmente la determinación y el cobro de los recursos presupuestarios derivados de los sistemas administrativos por multas a las infracciones viales y derechos y aranceles por prestaciones médicas del sistema de salud”.

La norma amplía las facultades más allá de los ámbitos de las policías viales y el sistema público de salud al hacer referencia también a “todo otro sistema punitivo o prestacional similar del que deriven derechos patrimoniales cuyo acreedor sea el Estado provincial”.

“La Provincia ha perdido 400 millones de pesos desde 2006 a la fecha por multas vencidas”, es una de las quejas en la Casa de Gobierno.

En Seguridad también afirman que en la provincia se labran entre 8 mil y 10 mil actas viales mensuales que -hoy- recaudan unos 11 millones de pesos al mes.

“El año pasado, los hospitales facturaron 277 millones de pesos por atender a las obras sociales y prepagas y sólo cobraron 150 millones”, es la otra queja.

De acuerdo con estos números, el Estado está dejando de percibir 160 millones de pesos por año entre aranceles y multas de tránsito.

“La Provincia nunca ha cobrado a la seguridad social por no saber hacerlo y le estamos regalando a las compañías de seguro y obras sociales la cobertura de sus afiliados”, se sinceró el ministro de Salud, Rubén Giacchi cuando se comenzó a hablar del tema hace más de tres meses.

Poco después, el propio gobernador, Alfredo Cornejo, adelantaba “el gerenciamiento del sistema de cobros de sanciones viales, seguros y pago de coberturas médicas que hoy por un motivo u otro, no nos pagan o no podemos cobrar”.

Los pliegos de licitación prevén que el cobrador privado aporte la forma de trabajo, la tecnología y el recurso humano. Y tendrá que encargarse de la entrega y el cobro de la facturación. También deberá ampliar las bocas de cobro de multas (de 1.800 a 2.500 nuevos lugares) y manejarse con un sistema administrativo que evite la prescripción de sanciones.

La ganancia del privado se definirá con un porcentaje sobre el excedente que efectivamente recaude, por sobre los pisos actuales de cobranza.

Uno de los considerandos de la resolución estipula que se busca “la optimización de las políticas públicas en materia de control vial para la disminución de la accidentología y sus impactos negativos en los costos asociados en el sistema de salud pública”.

Los pliegos de bases y condiciones cuestan 30 mil pesos. Y se avanzará en la integración de una comisión de preadjudicación compuesta por un representante por ministerio y el director de Contrataciones, Roberto Reta, el único firmante del llamado a licitación publicado ayer.