El Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) enfrenta nuevas denuncias, esta vez por presuntas amenazas y extorsiones a trabajadores de distintas empresas de recolección de residuos de la ciudad. La denuncia fue presentada el pasado 23 de octubre por el abogado Fernando Oscar Soto, en representación del Ministerio de Seguridad de la Nación, y radicada en la Fiscalía Federal N°1 a cargo de Enrique Senestrari. La acusación señala amenazas a empleados de Urba Cor, Logística Ambiental Mediterránea (Lamsa) y Córdoba Obras y Servicios (COyS), empresas vinculadas al servicio de higiene de la Municipalidad y la UTN de Córdoba.

En la denuncia, que fue formalizada tras recibir varias quejas en la línea de denuncias 134, se acusa a miembros del Surrbac de presionar a los empleados para asistir a actos y eventos gremiales. Entre los hechos señalados, se menciona un intento de forzar la participación de los trabajadores en una manifestación el pasado 25 de mayo, cuando el presidente Javier Milei visitaba Córdoba. Las denuncias sostienen que los trabajadores recibieron órdenes de asistir a la convocatoria y que, en caso de negarse, se enfrentaban a represalias, incluyendo despidos.

Asimismo, se alega que los trabajadores fueron presionados para participar en una asamblea realizada el 23 de mayo en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Según las denuncias, los asistentes fueron filmados y vigilados, y se les advirtió que quienes no manifestaran apoyo a una fiesta de fin de año quedarían “marcados” y podrían enfrentar despidos. En algunos casos, los denunciantes sostienen que el sindicato les exigió pagar $360 mil en seis cuotas para financiar dicha fiesta bajo amenaza de perder sus puestos de trabajo.

Desarrollo del juicio suspendido contra Saillén y Catrambone

Estas nuevas acusaciones contra el Surrbac surgen en el contexto de otro proceso judicial en el que están imputados los líderes sindicales Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, acusados de usura y lavado de activos. El Tribunal Oral Federal N° 1 rechazó recientemente un pedido de reparación económica por parte de los sindicalistas, que ofrecieron U$S 750 mil para evitar el juicio. Sin embargo, el tribunal suspendió temporalmente el juicio hasta que finalice la investigación sobre el presunto lavado de activos.

La causa contra Saillén y Catrambone incluye acusaciones de usura a través de préstamos con intereses excesivos desde la mutual Amsurrbac, la cual, de acuerdo con la acusación, habría servido como medio para obtener beneficios personales. Según los documentos judiciales, entre 2009 y 2015 Saillén y Catrambone habrían utilizado fondos sindicales para fines personales, como viajes al extranjero y estancias en hoteles de lujo. Se calcula que el grupo generó alrededor de $54,6 millones a partir de una inversión inicial de $11 millones mediante préstamos de la mutual a tasas desproporcionadas.

También se señala el presunto desvío de fondos del sindicato hacia cuentas particulares y el uso de la obra social para cubrir gastos personales, incluyendo viajes y alojamiento de lujo. Según el fiscal, algunos pagos por más de $39 millones habrían sido desviados a Salomé Alfazak, secretaria privada de Saillén, mediante contratos simulados por “ventas de carne y alimentos”.

Nuevo avance judicial contra el Surrbac en Córdoba

El fiscal Senestrari solicitó que la causa fuera transferida a la justicia provincial, al considerar que los hechos denunciados no afectan la competencia federal. La causa quedó finalmente en la fiscalía provincial del Distrito 1, a cargo de Guillermo González. Los representantes del sindicato no se pronunciaron oficialmente hasta el momento.