Como convidada de piedra dice sentirse la víctima, toda vez que el fiscal no presta atención a ninguna de las pruebas que aporta su abogado. Se llama Rosario Sosa, y le llevó años de tratamiento psiquiátrico ponerse en condiciones de hablar del proceso que le tocó vivir desde que tenía doce años hasta los diecisiete, cuando su padrino, Héctor Orlando Girard, abusaba de ella, la incitaba a quitarse la ropa, se masturbaba sobre ella, y desparramaba su semen sobre sus pechos.

Estas prácticas sexuales llevadas a cabo por un hombre de más de 50 años con una niña no han sido suficientes para el fiscal Fernando Castro, que redujo tanto la calificación de la carátula, que logró que —en estos seis años— el abusador no haya pasado ni un sólo día preso.

Rosario Sosa, tímidamente, contaba para la 99.9 que —gracias al acompañamiento familiar y de su psicóloga— ahora está en condiciones de hacer público lo que sucedió. Antes no se sentía segura para hablar ante los medios, pero sí ante la justicia: “Todos los pasos que teníamos que seguir con mi abogado los seguimos, ahora tengo que hacerlo público, porque lamentablemente no me queda otra”, afirmó.

El fiscal ha sido un factor de obstrucción para la administración de justicia, porque lejos de representar al ministerio público, se ocupó de minimizar la carátula de la causa. En lugar de acusar a Girard de abuso sexual agravado, llevó la acusación a la figura de exhibiciones obscenas, un delito menor con una pena mínima.

“Necesito cerrar esta etapa de mi vida”, dice Rosario. “Esto se tiene que terminar”, dice la joven doblemente vulnerada, ya que la justicia no se conformó con el sufrimiento que le tocó atravesar, sino que desde hace seis años la obliga a vivir en los pasillos de tribunales y los despachos de las pericias. “El fiscal no consideró nada, ni las pericias psiquiátricas ni nada de lo que me había pasado. Él se pasó todo por alto, y lo dejó como si se tratara de una escena callejera”, dijo.

El abusador

No hay demasiados datos de Héctor Orlando Girard. Se trata de un capitán de pesca, un hombre con recursos económicos que se trasladó a la localidad de Puerto Madryn una vez que se supo la gravedad del delito por el que se lo acusaba. “Pasó mucho tiempo embarcado: no se debe bajar del barco por la condena social que hay. En el ambiente de la pesca esto es conocido”, dijo Rosario.

El abogado de la causa es Julio Razona, quien también dialogó con la F.M. 99.9 sobre el caso: “Rosario Sosa ha sido victimizada por un depravado que es Héctor Orlando Girard, y por un sistema judicial totalmente inoperante e ineficiente. Es una doble víctima, de un abuso sexual agravado, y de la lentitud del sistema judicial”.

Además, detalló cómo se manejaron al momento de presentar la denuncia y cómo los datos aportados no fueron tenidos en cuenta. Afirmó: “Hicimos la denuncia, llevamos hasta una virtual confesión del autor, porque la mamá de Rosario lo llamó, grabó la llamada, e hicimos un acta notarial del contenido de la llamada donde este hombre confiesa su responsabilidad. Acompañamos la causa con este indicio y nunca fue tenido en cuenta por el fiscal Fernando Castro. Estamos ante un denunciado con mucho dinero”. Queda claro que, si bien ese documento no sirve como confesión judicial, al menos debió ser tenido en cuenta como un indicio.

Julio Razona presentó cada una de las apelaciones en tiempo y forma, y fundamentó las razones por las cuales considera que se trata de un abuso sexual que merece una pena de veinte años de prisión. Enumera tres cuestiones: en primer lugar, las secuelas psíquicas de la víctima, por las que estuvo bajo un largo tratamiento psiquiátrico, las cuales fueron probadas con las pericias oficiales correspondientes. En segundo lugar, el hecho incuestionable de que Héctor Orlando Girard era —de alguna manera— encargado de la educación de la niña, como padrino.  Como prueba documental, consta en los cuadernos de comunicaciones del colegio al que la niña concurría que el acusado estaba autorizado a retirarla de la institución. Cuando esto sucedía, Girard llevaba a Rosario a su departamento de calles Alem y Almafuerte de Mar del Plata, sitio donde tenían lugar los abusos reiterados.  En tercer lugar, detalla el hecho de que el abuso se haya iniciado cuando la menor tenía 12 años. Dice Razona: “Sabemos que —cuando se trata de una menor de 13 años— no existe ninguna posibilidad de consentimiento ni mecanismos de defensa que lo eximan de responder con 20 años de prisión. Lo que nos ha indignado es que hemos tenido todas las trabas que puede tener un proceso”.

Las pruebas

Durante estos seis años, la causa fue más de una vez al Tribunal de Casación, ya que el acusado cuenta con alto nivel adquisitivo, y la estrategia de su defensa ha sido poner todos los obstáculos posibles para apostar a la prescripción de un delito menor.

Pero el particular damnificado se ha esmerado en recurrir cada una de estas instancias, y en presentar gran cantidad de testigos que indican que Girard incitaba a Rosario y a sus amigas de la misma edad a ingerir bebidas alcohólicas en una panchería de la zona. Narran además que les regalaba cosas, y que si bien el abuso sexual sólo se comprueba con Rosario, la conducta con las menores era sumamente inapropiada.

Pero aún con la presentación de esta prueba enorme, el fiscal Castro, al momento de elevar la causa a juicio oral, considerando que el abogado querellante solicitó un juicio por jurados, cambió la calificación, y la sustituyó por las simples exhibiciones obscenas. “Encima, ordenó su archivo porque había pasado mucho tiempo”, explica Razona.

Estas circunstancias merecieron una apelación ante la Cámara, que resultó favorable a la víctima. Pero el acusado realizó una  nueva queja, por lo cual la causa se encuentra nuevamente en el Tribunal de Casación.

“Casación ya resolvió varias veces”, expone el abogado, “pero podemos ir a juicio oral sin la fiscalía”, con lo cual deja ver que hará uso de la posibilidad que otorga una reforma del código, que permite presentarse a juicio oral sin que el ministerio fiscal acompañe.

“Parece un ministerio de la defensa”, continúa el abogado calificando la conducta del fiscal, “porque no ha hecho otra cosa que beneficiarlo”. Expone —además— que la defensa ha realizado una gran tarea de recolección de prueba, dentro de la cual hay pericias oficiales del Estado, como la psiquiátrica, y otros elementos de prueba contundentes. Pero agrega que —ante la apatía funcional de la fiscalía— ellos no van a parar: “le vamos a dar la oportunidad a Héctor Orlando Girard de que se defienda, pero el poder judicial no da respuesta a los requerimientos de las víctimas”, concluye.

Una vez más, la sociedad abandonada de la protección del Estado a la hora de ejercer las funciones que le corresponden. Una vez más, la víctima que carga con los dolores duplicados, y que necesita dinero para reclamar los daños que se le causaron. Otra vez, el que cuenta con los medios para contratar los mejores abogados por más tiempo, nunca paga sus culpas. Para colmo de males, un fiscal sin ninguna empatía para tratar el abuso de menores. ¿Qué más podría pasar?