El anuncio del Gobierno nacional de impulsar un proyecto para bajar la imputabilidad a los 14 años, en el marco de una reforma integral del sistema penal juvenil, causa divisiones entre la opinión pública y los círculos jurídicos y políticos en todo el país. Mendoza no es la excepción, y la iniciativa despierta controversias, especialmente debido a los casos de inseguridad locales cometidos por menores de edad y el sistema social que alberga a los jóvenes que han cometido delitos.

Desde hace años que se viene discutiendo la necesidad de reformar el sistema penal para los menores de 18 años, y una de las cuestiones que se pone en debate es la imputabilidad de los jóvenes, que en la actualidad es de 16 años. La propuesta de bajarla a los 14 ha sido expuesta en diversas oportunidades, promovida como una herramienta para combatir la inseguridad y darles respuestas de justicia a las víctimas de delitos, y que choca con argumentos contrarios, que esgrimen, entre otros, la falta de eficacia de esa medida y las violaciones a los derechos de los niños y adolescentes.

Si bien existe un relativo consenso respecto a la necesidad imperiosa de modificar la normativa vigente, es decir, la Ley Nacional 22.278 Régimen Penal de Minoridad sancionada por el presidente de facto Jorge Rafael Videla en 1980 bajo la última dictadura militar, la posibilidad de bajar la imputabilidad causa adhesiones y rechazos contundentes, frenando debates e impidiendo un abordaje serio e institucional de la problemática de la delincuencia juvenil.

Carlos Varela Álvarez, abogado penalista y miembro de la organización Xumec, expresó a MDZ su negativa a la baja de la imputabilidad a los 14 años: "Estoy en contra porque, con la baja de imputabilidad, no existe una solución al respecto. Tampoco es cierto que los menores se usan continuamente para delinquir, y si bien hay personas que lo hacen, la ley penal castiga al adulto en estos casos".

"Con este tipo de iniciativas y declaraciones, no se tiene en cuenta el absoluto desamparo de los millones de jóvenes argentinos que son víctimas de aquellas políticas que los condenaron a la desocupación y la pobreza", añadió.

En ese sentido, el letrado cuestionó al Gobierno nacional, al considerar que "llama la atención que esto se trate como temas de verano y declaraciones en vacaciones" y señaló que "tiene que tener un tratamiento más serio, en el plano de las instituciones, que contemple cifras y estadísticas en mano". Además indicó que "me parece poco serio esta repetición de presidentes que insisten, cuando las encuestas están en baja, en la imputabilidad de menores y la pena de muerte para bajar la inseguridad, usándolos como distracción de otras falencias".

Por ello, Varela Álvarez insistió en que "se habla sobre un proyecto que todavía no existe y sin datos fehacientes sobre los factores que inciden en la delincuencia juvenil. Es importante que se muestren todas las estadísticas e informes correspondientes para tener un abordaje serio", y resaltó que, en vez de "meter más gente presa", debe enfocarse en un "tema importante: cómo evitar que el joven elija el peor atajo para progresar, o sea, el delito".

El abogado reconoció, de todos modos, que "debería haber un abordaje integral del sistema penal juvenil", considerando que "hoy no hay un sistema de recuperación para los jóvenes que delinquen". "Necesitamos herramientas de reinserción, que incluya oportunidades laborales y acceso a la educación", subrayó.

"En vez de proponer cosas que no ayudan, deberíamos preguntarnos por qué fracasamos y a causa de cuáles factores, y desde ahí formar un debate serio que abarque soluciones para los jóvenes que cometen delitos y cómo evitar que ingresen en la delincuencia", reflexionó.

Luis Petri, diputado nacional de Mendoza por Cambiemos-UCR y presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara Baja, indicó que está "absolutamente de acuerdo" con la propuesta del Gobierno porque "la Argentina necesita debatir un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, y dentro de ese debate debe incluirse la imputabilidad de los menores".

"Es necesario que el reproche penal sea efectivo a partir de los 14 años, pero no es solamente eso, también se necesita establecer un procedimiento judicial diferencial que exceda a la respuesta punitiva (solo contemplada para aquellos casos graves) y que contemple medidas socioeducativas para reintegrarlos, como tareas comunitarias, reparación del daño y obligatoriedad en la escolarización", explicó.

Al igual que Varela Álvarez, Petri consideró que "el régimen actual de responsabilidad penal juvenil es insostenible", y recordó que ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos e instituciones internacionales como UNICEF y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las que, a pesar de estas coincidencias, existen discrepancias respecto a la imputabilidad.

Para el legislador nacional, "la definición de la edad es trascendental y debe tener en cuenta desde qué momento esa persona comprende y conoce el acto que está realizando. Creemos que desde los 14 años ya cuentan con ese conocimiento y comprensión, por lo que pueden ser sujetos al reproche jurídico". Además manifestó que "en la mayoría de los países de la región se consagra la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años".

Finalmente, el juez del Tribunal en lo Penal de Menores, Carlos Parma, brindó una posición más equilibrada entre ambos contrapuntos: "Bajar la imputabilidad a los 14 años me parece, desde un punto de vista real, que no tendría inconveniente. Pero hay que analizarlo en el substrato y preguntarse ¿para qué lo voy a bajar a los 14? Me parece que estamos apagando el fuego con gasolina".

"El Gobierno no define sus políticas públicas en torno a la niñez, ni tampoco esgrime una política contra el crimen, más allá de algunas decisiones que toma el gobernador Alfredo Cornejo pero de manera aislada y que en este caso no influyen. Por eso, considero que el cenit debe apuntar a la prevención: mejor vivienda, mejor salud, mejor educación y más posibilidades de trabajo. Es un trabajo a largo alcance pero serio, con raíces profundas", detalló.

Parma reiteró que "se puede bajar la imputabilidad y esgrimir cuáles serán las políticas públicas del Gobierno para recoger al menor que esté conflicto con la ley penal. Si no es una cosa pour la galerie, solo para responder ante hechos aislados, y sabemos que ese tipo de cosas no terminan bien".

"Lo bueno sería trabajar de manera diferenciada con los chicos de 14 y 15 años frente a los de 16 y 17 años. De todas formas, si sumamos a todos ellos, no llegan al 4% de la población que delinque, careciendo de incidencia epistemológica que permita definir una política criminal de persecución", cerró.