El problema de las usurpaciones que aqueja al Gobierno y también a las empresas que construyen barrios del IPV no parece de fácil solución. Se deja en manos de la Justicia, después de una denuncia, la responsabilidad de actuar, pero las trabas legales, los derechos y garantías de las personas generan que las posibles soluciones se dilaten en el tiempo.

Mientras el Gobierno intenta de diversas formas que las familias no ocupen las viviendas sociales, recibiendo a los usurpadores como lo hizo el intendente de la Capital, Raúl Jalil, y el secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, aunque sea solo para escucharlos, o diagramando estrategias para acelerar construcciones para los ocupas, se conoció que el fin de semana un grupo de personas ingresó a un complejo habitacional en la zona oeste, más precisamente en el barrio Antinaco, donde todavía se está trabajando.

¿Por qué la Justicia no los puede desalojar? Si las personas que realizan la ocupación no se identifican cuando intervienen los sumariantes, no se los puede imputar y para pedir el desalojo es necesario que estén imputados. Y no es la Fiscalía la que decide el desalojo sino que se pide la orden a un juez de Garantías y éste no puede ordenar (el desalojo) si antes no imputó a la persona, la que también debe tener la oportunidad de defenderse. Todo se respalda en los derechos y garantías que tiene cada persona. A lo sumo la fiscalía lo que puede hacer es intimarlos a que se retiren del lugar bajo apercibimiento de imputarlos por usurpación, pero en la mayoría de los casos la gente prefiere arriesgarse por una casa, como sucedió en todas las ocupaciones ilegales, que se concretaron tanto en el norte, como ahora en la zona oeste de la ciudad. La Justicia en muchos casos opina que este tipo de usurpaciones las debe resolver el Gobierno a través de sus funcionarios.

OCUPACIONES

 Durante el fin de semana se conocieron nuevas usurpaciones, esta vez en el barrio Antinaco en el oeste de la Capital, donde la gente decidió meterse en casas que no se terminaron de construir.

Preocupación privada

Por su parte, las empresas constructoras que tienen a cargo las obras de los módulos habitacionales y son responsables de la obra, insisten en que la Justicia actúe.

"Tiene que haber una solución, porque si no cualquiera va, se mete en una casa y se hace dueño", señaló Juan Rivero, encargado de obra de la empresa REV.

El problema es que los empleados se encuentran sin poder trabajar, las empresas sin cumplir con los plazos de obra y el Gobierno insiste en la finalización para poder entregar las unidades habitacionales a la gente.

El problema así planteado parece no tener solución, si se tiene en cuenta que cada vez son más los usurpadores.