Es uno de los temas que ocupará la agenda en breve. Es que la contaminación de la bahía de Ushuaia ha llegado al límite. La inspección es otorgada a instancias de la demanda que presentó la ONG Participación Ciudadana ante la Justicia Civil, requiriendo que se detenga la contaminación por falta de tratamiento de efluentes cloacales en la ciudad.
El juez Civil de Ushuaia, Alejandro Fernández, convocó a la gobernadora provincial, Fabiana Ríos, y al intendente de la ciudad, Federico Sciurano, a la inspección ocular que se realizará el próximo miércoles 14 de agosto a las 12 en el marco de la causa iniciada por la ONG Participación Ciudadana para frenar la contaminación cloacal de la costa.
De esta manera, el magistrado se asegurará la presencia de los máximos responsables de las instituciones demandadas en el marco de la acción judicial por protección de intereses difusos, ya que también fue citado el presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS).
Según expuso el juez en su disposición, “teniendo en cuenta los hechos ventilados, el tribunal entiende necesario la presencia de los titulares de los Poderes Ejecutivos Provincial y Municipal, así como del Presidente de la DPOSS”.
Además, Fernández resolvió “invitar a participar de la diligencia” a los “presidentes de cada uno de los bloques de la Legislatura provincial y del Concejo Deliberante de la ciudad”, lo que termina de darle un carácter más institucional todavía a la medida.
Un dato que no pasa desapercibido es que el titular del Juzgado Civil no precisa todavía los lugares que serán sometidos a la inspección, presumiblemente para evitar que sean mejorados o modificados antes del cumplimiento de la disposición.
La inspección ocular se realizará “en distintos lugares de la ciudad que serán informados por el tribunal el mismo día de la diligencia”, señala el despacho firmado el pasado 12 de julio, antes del inicio de la feria judicial de invierno, y agrega que las partes deberán presentarse en el propio juzgado.
Recordemos que tanto la DPOSS, como el Gobierno y la Municipalidad ya contestaron la demanda iniciada por la ONG que apunta a concretar un plan efectivo de obras para frenar la contaminación cloacal y un sistema de monitoreo continuo de la situación ambiental en esta materia.
En general, cada una de las instituciones ha basado su estrategia de defensa en tres puntos centrales: resaltar los trabajos realizados hasta el momento en materia de saneamiento (que en todos los casos son enumeraciones de obras a llevarse a cabo pero aún no concretadas) hacer hincapié en las responsabilidades que les caben a los demás organismos demandados y mencionar la “histórica” falta de inversión en el rubro y el crecimiento poblacional como motivos principales de la situación actual.
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