El gobernador Oscar Jorge anunció que la provincia construirá un pabellón para albergar a 48 condenados por la justicia provincial en la Colonia Penal 4, que pidieron el envio de 100 pulseras telemáticas para personas con prisión domiciliaria y que trasladarán a 30 pampeanos condenados por delitos sexuales a una cárcel de Neuquén. El primer mandatario provincial estimó que con esas medidas se comenzará a revertir el hacinamiento de detenidos en comisarías y alcaidías de la provincia, que provocó un fallo del Superior Tribunal de Justicia que le ordenó solucionar la problemática.

Junto a los ministros de Gobierno y Justicia, Leonardo Villalva y de Obras Públicas, Horacio Giagi, Jorge firmó el pasado 13 de octubre el decreto 596/15 mediante el cual respondió el fallo del Superior Tribunal de Justicia el pasado 29 de setiembre que ordenó revertir la grave situación de hacinamiento y superpoblación de presos en las comisarías y alcaidías de la provincia. Señaló que la decisión de los jueces “deviene innecesaria” porque las medidas implentadas tienden a mejorar la situación, aunque aceptó la recomendación de conformar una mesa de diálogo con representantes de la justicia, el gobierno y la legislatura, para abordar en forma conjunta el problema.

En el decreto se precisó que el pasado 7 de octubre el ministro Villalva se reunió con el ministro de Justicia de Nación, Julio Alak, al que le pidió el envio de 100 pulseras telemáticas, la incorporación de 30 condenados por delitos de abuso al sistema penitenciario federal. Jorge también mencionó que se construirán dos pabellones en la U4, lo que permtirá alojar, una vez concluidos, a 98 reclusos. La provincia construirá con fondos propios uno de los dos pabellones, con un sistema constructivo en seco y de rápida ejecución. Y el gobierno nacional llamó a una segunda licitacion para construir el otro pabellón, para 48 reclusos, después de que quedara desierto el primer llamado.

Según el gobernador, con esas medidas “se da cumplimiento a lo requerido por el STJ, no obstante lo cual deberá comprenderse y merituarse que la reversión de la situación actual en los lugares de alojamento de detenidos es parte de un colapso existente en el ámbito nacional y una limitada capacidad de alojamiento del sistema que opera el SPF. La reversión de esta situación requiere de obras de infraestructura y de una serie de medidas de los distintos órganos involucrados, ya sea nacionales y provinciales, que por su envergadura y entidad, exigen un tiempo prudencial que tal vez el Poder Judicial de la proivncia no tuvo en consideración”.

Colapso por la “repatriacion”

En el decreto, Jorge insistió con el argumento de que el hacinamientos en las comisarías “se generó a partir del propio discurrir de la justicia provincial, al impulsarse la repatriación de los presos pampeanos, a partir de un habeas corpus colectivo correctivo interpuesto por la defensa pública ante el Tribunal de Impugnación Penal”.

Antes de ese fallo, sostuvo, “la recepción de condenados por parte del SPF se cumplía atendiendo a razones de capacidad, tratamiento y seguridad, determinando el organismo federal que condenados provinciales cumplirían sus condenas dentro de la provincia o fuera de ella, a los fines de recibir el tratamiento penitenciario correspondiente, habiéndose mantenido siempre una buena relación histórica entre el gobierno de la provincia y el SPF”.

“Esta medida judicial obligó al SPF a trasladar a los presos pampeanos que estaban cumpliendo su condena fuera de la provincia a la sede local del SPF (Colonia Penal U4), medida que conllevó a la disminución de la disponibilidad de plazas, por lo que el SPF se vio impedido de recibir la cantidad de condenados que venía recibiendo con anterioridad a esa sentencia”, afirmó.

“La medida generó un colapso en todo el sistema carecelario provincial, había cuenta de que limitó el número de internos que el SPF podía alojar e imposibilitó recepcionar determinados condenados conforme a sus perfiles criminológicos y capacidad operativa”, agregó. Esto “obligó al PEP a ocupar plazas de comisarías y alcaidías por condenados; plazas que corresponden sean destinadas a detenidos que se encuentran en otros estadios procesales”.

La situación se “descomprimiría” si el SPF recibiera a los condenados por la justicia provincial.

En ese punto, Jorge responsabilizó a los jueces de ejecución penal que hicieron presentaciones cuestionando a la dirección nacional del SPF por “generar una interferencia en los canales de diálogo existentes con el SPF”. Planteó que las “posicione antagónicas entre el SPF y la justicia provincial, repercuten y resienten el adecuado vínculo que debe primar entre los diferentes organismos, máxime aun en un tema tan sensible como son las condiciones y modos de cumplir una pena privativa de libertad”.

Medidas tomadas

Por otro lado, el gobernador “no cuestiona las razones y fundamentos considerados por el STJ para dictar la resolución... no obstante lo cual es dable consignar que muchas de las medidas que deben adicionarse a las ya tomadas tanto por el PE como por el SPF, requieren de una importante infraestructura que se encuentra en curso de ejecución y que exige plazos y tiempos para su concreción”.

En el decreto se menciona “inumerables gestiones” para paliar el colapso y que el gobierno ya arbitró “las medidas tendientes a revertir la situación actual de los lugars de alojamiento de detenidos, como sugiere la resolución del STJ”.

En cuanto a los pedidos a las autoridades nacionales, señaló que les informaron que el SPF “incorporarían los internos de manera gradual y conforme a su capacidad operativa y teniendo en consideración que recientemente el Ministerio de Nación ha convocado a licitación pública para la ampliación de la Unidad 4, emplazada en Santa Rosa, la cual ha sido declarada desierta por ausencia de oferentes, tramitándose actualmente un nuevo proceso licitatorio”.

Jorge incluso mencionó que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Torres, y el jefe de la Alcaidía, Fabio Girabel, viajaron a San Luis para estudiar la posibilidad de llevar presos al servicio penitenciario de esa provincia, aunque alli tambien les informaron de problemas de capacidad. También indicó que se realizaron obras de mejoramiento en seccionales de la capital pampeana y algunas comisarías de localidades del interior.

Tamibén indicó que el ministro Villala inició las gestiones “para adquirir el sistema tecnológico de vigilancia comocido como pulseras telemáticas, para la implementación de penas alternativas a la privación de la libertad, sosteniendo por el mismo fin conversaciones con el procurador general y el Juzgado de Ejecución Penal”.

“La decisión tomada por el máximo tribunal de justicia deviene innecesaria dado que este PEP se encuentra abocado a revertir la situación actual en los lugares de alojamiento”, señaló.

Por otra parte, consideró como “un elemento vital que permite revertir la situación” un fallo del STJ que convalidó una cláusua que permite sacar presos pampeanos fuera de la provincia por cuestiones de peligrosidad -antes había declarado “incosntitucional” el Tribunal de Iimpugnación Penal- y que “permitirá al SPF dar cumplimento al alojameinto de detenidos, dado que nuestra provincia carece de un servicio penitenciario y por lo tanto deviene sustancial contar con la colaboración de SPF”.

“Las pulseras telemáticas y las nuevas obras de infraestructura proyectadas y licitadas por el SPF, constituyen un elemento vital para contar con espacio suficiente y revertir así la actual situación en los lugares de alojamiento de detenidos”, redondeó.

Comisión

En el decreto, Joge consideró “propicia” la recomendación de convocar a una mesa de diálogo en la que interventan los tres poderes del estado porque “esta situación debe ser desobturada con el esfuerzo mancomunado”. Indicó que convocarán a una audiencia a representantes de los tres poderes.