Este último es el ex secretario de Gobierno de Victorica, que en 2002 fue condenado junto al ex intendente, Máximo Eduardo Guzmán, por el fraude que cometieron con dineros públicos de un programa laboral.

Uno de los principales damnificados de los pasos dados por Torres y Díaz fue el futbolista de Independiente de Doblas, Ricardo Corcuera, a quien le quedaron adeudando algo más de 100.000 pesos por la compra de materiales para el salón de usos múltiples de la Escuela 83 de esa localidad. Solamente por ese trabajo la empresa percibió cerca de 2.000.000 de pesos.

"Hablé con los dos y me prometieron que me pagarían. ¿Qué me dijeron? Que el Estado no les pagaba, que una cosa o la otra... puro chamuyo. Yo creí en sus palabras, porque en los pueblos estamos acostumbrados a eso, sino no me hubieran quitado ese monto", expresó en su momento el jugador, dueño de un pequeño corralón. Y agregó: "Hace unos meses había encaminado el negocio, pero ahora me quedé sin materiales porque tuve que cumplir con mis acreedores; así que vendí todo. Si cobraron y no me pagaron es porque no son buena gente".

Corcuera intentó cobrar la deuda vía judicial y llegó embargarle bienes a Tito Construcciones, pero hace unos días supo que no podría avanzar porque Torres y Díaz, a fines de julio, pidieron el concurso preventivo ante el juez de ejecución Evelio José Santamarina. Ese paso legal produjo que quedaran suspendidas automáticamente todas las acciones que habían iniciado los acreedores para percibir lo que les deben.

Extraoficialmente trascendió que la empresa habría denunciado un pasivo de 2.000.000 de pesos y que ya tendrían cuatro o cinco embargos sobre sus espaldas. Una fuente que conoce detalles del caso aseguró que Torres y Díaz poseerían "muchas propiedades" en Santa Rosa. Habló de "casas, departamentos y terrenos" que estarían a nombre de ellos o de la constructora.

Un cronista de este diario, cuando en junio Corcuera confirmó públicamente que era el comerciante damnificado de Doblas, vio a Díaz estacionar una camioneta Toyota Hilux 4 x 4 nueva, color oscuro, en la calle Pellegrini, entre Roca y 9 de Julio. También en ese momento se supo que una empresa importante de General Pico era otro de los acreedores.

Tito Construcciones, además del SUM de Doblas, se había adjudicado el año pasado una licitación del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, para la refacción de 36 viviendas, en General Pico, pertenecientes al Programa Federal "Vivir Mejor", por 1.171.800 pesos.

Además se le había otorgado, junto a otra constructora, 386 casas en Villa Germinal en el marco del Programa de Mejoramiento Ambiental (Promeba) a cambio de unos 5.000.000 de pesos. Allí la comisión vecinal denunció a Tito Construcciones por irregularidades y por irse antes de terminar las tareas. Incluso el caso derivó en una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El fraude al Estado.

Díaz fue condenado por el Tribunal Oral Federal el 28 de octubre de 2002, junto a Guzmán, a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el fraude cometido con dineros públicos del Programa de Entrenamiento Ocupacional (Preno), que llegaron a Victorica provenientes de los gobiernos nacional y provincial. Sin embargo, no fueron presos porque al año siguiente, la Cámara Nacional de Casación Penal revisó el fallo, redujo la pena a tres años y la fijó en suspenso, aunque confirmo la inhabilitación. Sin embargo, hace unos meses, el ex intendente Guzmán se vio beneficio por el mismo TOP con el levantamiento de ese impedimento.

¿Cuál fue la maniobra delictiva? La Administración Nacional de Seguridad Social enviaba al correo los dineros públicos para pagarle 200 pesos mensuales a los beneficiarios del Preno. Esos pagos debían efectivizarse en el correo. Durante los meses que los fondos fueron girados por la Provincia, se abonaban en el municipio. Pero Guzmán y Díaz, para darle un "disfraz de legalidad" a la maniobra, redactaron una resolución municipal trucha, la número 1895, que fue firmada por ellos. Por esa resolución se abrió un listado de beneficiarios suplentes del Preno aunque estaba expresamente prohibido, ya que cualquier baja debía ser comunicada en 48 horas y, además, los imputados le ordenaron al jefe del correo, José Antonio Gil -también condenado-, que les enviará las planillas de pago y los fondos. El Tribunal sostuvo que "el fin de la actuación (de Guzmán y Díaz) fue, sin duda, obtener beneficios económicos para sí y para terceros", añadiendo que "los dos tenían pleno dominio del manejo del programa Preno, desde la designación de los beneficiarios hasta su forma de pago. Las irregularidades observadas en las distintas planillas, tanto cuando se abonaba en la Municipalidad como cuando se lo hacía en el correo, caen bajo su absoluta responsabilidad, pues resulta evidente que, si bien el autor material de las maniobras era Díaz, pues era quien tenía en su poder las planillas y el dinero (....), Guzmán no sólo estaba en conocimiento de ello, sino que también era quien establecía la baja de determinados beneficiarios y el pago a otras personas ajenas al plan a quienes adjudicaba la calidad de suplentes, todo lo cual le posibilitaba la consumación de las maniobras defraudatorias plenamente probadas".