La Agrupación José Hernández –alineada con Ivoskus– presentó un amparo judicial para que se declare inconstitucional el decreto ley 8912 de ordenamiento territorial y uso del suelo, en aras de “dejarlo sin efecto y que, de esta manera, cada municipio tenga la potestad de dictar su propia reglamentación”. El concejal Siminián denunció una “utilización política” del tema por parte de la oposición, y aseguró: “Necesitamos que todas las fuerzas de San Martín trabajen en un nuevo código de ordenamiento urbano”.
Desde hace años que vecinos del distrito se movilizan y reclaman al Poder Ejecutivo comunal y al Concejo Deliberante que se suspenda y prohíba “la construcción discriminada de edificios”, o bien, se modifique la normativa. Las zonas más afectadas son las de Villa Ballester y San Andrés.
El espacio político liderado por el concejal Roberto Siminián convocó a una conferencia de prensa en su local partidario de Ballester para comunicar este accionar, al que ellos llamaron “acto político-jurídico”.
“Si el código que rige es el 8912, resulta imposible que desde el Concejo o el Ejecutivo municipal se pueda cambiar algo. No puede una simple ordenanza suspender, prohibir o modificar una ley”, aseguró el edil.
EL TRABAJO EN EL CONCEJO DELIBERANTE
Parte de los concejales de la oposición impulsan un proyecto para suspender por 180 días las construcciones que superen los 9 metros de altura. La iniciativa iba a ser votada el miércoles en sesión, pero debió volver a la Comisión de Obras Públicas tras una desatención del reglamento interno del deliberativo. Siminián consideró que el tema “hace eclosión ahora porque estamos en un año electoral, y hay muchos interesados en defender derechos de los vecinos, mientras antes no se ocupan”.
El edil ivoskista advirtió que “también hay muchos ciudadanos que reclaman para que no se paren las edificaciones, quieren que su barrio siga creciendo". “Hay intereses de terceros, como constructores, inversores, financistas, comerciantes, inmobiliarias, empleados de la construcción”, añadió
CUERPO DE PROFESIONALES
Siminián estuvo acompañado por su par José Aluzzo, y por el equipo de abogados de la Agrupación José Hernández que elaboró la acción judicial, su hijo Santiago Siminián, Guido Pesallaccia, y por los letrados Antonio Di Benedetto, Natalia Balduzzi y Lucas Merbet.
“Lo que se pretende con este amparo es dejar sin efecto el decreto ley que regla la actividad en toda la Provincia, para que, de esta manera, cada municipio tenga la potestad de dictar su propia reglamentación, que sea adecuada a sus necesidades”, afirmó Di Benedetto. Y advirtió de las consecuencias que traería una ordenanza municipal. “Si en San Martín suspendemos las construcciones por 60 días, cualquier constructor presenta un recurso de amparo y en dos días deja sin efecto la ordenanza. Estaríamos atacando una ley superior”.
“Necesitamos que todas las fuerzas vivas del municipio se pongan a trabajar en un nuevo código de ordenamiento urbano propio”, sostuvo Siminián, quien aseguró que no votaría a favor del proyecto presentado en el Concejo Deliberante. “No porque esté en contra de los vecinos, sino porque no corresponde ese procedimiento. Desde el Concejo no podemos ni suspender ni prohibir un decreto ley provincial. La única forma de poder cambiarlo es declarando su inconstitucional”, agregó.
El edil, que finaliza su mandato este año, concluyó: “No se podrán resolver los gravísimo problemas que tiene hoy la comunidad mientras se mantenga esta ley de ordenamiento territorial y uso de suelo”.
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