La restricción del pago de haberes es "total" y está respaldada por un dictamen jurídico que está llamado a sentar jurisprudencia interna, ya que es la primera vez que un juez enviado a Jury dejará de percibir su salario durante el tiempo que dure su suspensión.

La decisión fue impulsada por el presidente del cuerpo, elcamarista laboral Mario Fera, y apoyada por el resto de los miembros del Consejo que estuvieron presentes en la reuniónextraordinaria.

Por la interrupción del pago se pronunciaron los consejeros Mario Cimadevilla, Stella Maris Córdoba, Alejandro Fargosi, Marcelo Fuentes, Ada Iturrez de Cappellini, Hernán Luis Ordiales, Carlos Moreno, Daniel Ostropolsky, Alejandro Sánchez Freytes, Manuel Urriza y el propio Fera. No estuvieron en el encuentro Ricardo Recondo y Oscar Aguad.

Fera convocó al plenario extraordinario después de recibir una notificación del juez federal de Mendoza Walter Bento, quien investiga a Romano, anunciando que el camarista suspendido "no ha comparecido ante el emplazamiento efectuado a fin de verificar su sometimiento a la causa".

El propio Bento informó sobre "un informe remitido por Interpol Buenos aires, por medio del que hacen saber al tribunal que Romano se encuentra en la República de Chile, con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades del citado país".

Además, también en el Consejo de la Magistratura el 7 de setiembre pasado venció el plazo otorgado al juez por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados "para su presentación, y al no presentarse se le ha dado traslado al defensor oficial".

"En virtud de las particularidades del caso, teniendo en cuenta la intención evidente del doctor Romano a abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción, solicito que este Consejo de la Magistratura disponga con carácter de urgente la suspensión del pago de haberes", propuso Fera, lo cual aprobó este mediodía el cuerpo.

"Un juez que se fuga no tiene derecho a cobrar su sueldo cuando no comparece a la Justicia, porque si no le estaríamos financiando su contumacia", le había dicho a DyN Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, quien presentó una denuncia contra Romano por haberse profugado.

Romano está procesado y en camino a juicio político y juicio oral, acusado de convalidar 107 hechos de lesa humanidad, como secuestros, torturas, homicidios y robo de bienes, entre 1975 y 1983, cuando fue fiscal federal y juez subrogante de Mendoza.

Por esos casos el Consejo lo suspendió en el cargo y lo envió a juicio político el 25 de agosto pasado, un día después de que Romano se fugara a Chile, donde solicitó asilo. El Gobierno de Sebastián Piñera le otorgó una visa por ochos meses.

El juicio político a Romano será sustanciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que le designó defensora oficial y le corrió vista de la acusación y prevé comenzar el proceso entre noviembre y diciembre próximo.

Acerca de su decisión de irse a Chile, los consejeros Ordiales y Moreno presentaron una denuncia ante el Consejo y el Jury en la que consideraron de "extrema gravedad" la actitud del camarista mendocino.

Y en ese marco sostuvieron que "indudablemente, este obrar (...) lo hace indigno para seguir desempeñándose como magistrado y ha afectado gravemente la investidura pública, ya que resulta inaceptable que un Juez, cuya función es hacer cumplir el Derecho, se vaya del país para impedir la aplicación la realización de un proceso penal en su contra".